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El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, realizó una presentación en los tribunales federales de Rosario en la que solicita medidas a raíz de la modificación del régimen de control de la mayoría de los imputados en la causa Díaz Bessone, quienes se encuentran excarcelados. El fundamento de la presentación “es garantizar la seguridad y los derechos de los testigos y querellantes”, muchos de los cuales han ingresado al programa provincial de protección y acompañamiento de testigos y querellantes en causas por delitos de lesa humanidad.

En la denominada causa Díaz Bessone, ex Feced, se investiga el accionar del terrorismo de Estado en la región. El debate oral comenzó en julio del año pasado y está previsto que se extienda durante varios meses más durante 2011.

El escrito judicial –firmado por el titular del programa, Daniel Boccoli, y por el subsecretario de Derechos Humanos zona sur, Ángel Ruani– se interpuso ante el Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario el 30 de diciembre, luego de que la justicia notificara formalmente a la Secretaría de Derechos Humanos que todos los imputados en la causa (excepto Ramón Díaz Bessone) deben presentarse a la Dirección Provincial de Control y Asistencia Pos Penitenciaria (ex Patronato de Liberados) para su control solo una vez por semana durante el mes de enero.

La presentación solicita que se adopten medidas restrictivas en relación a los imputados José Lofiego, Mario Marcote, Ramón Vergara, José Scortechini y Ricardo Chomicky, quienes no se encuentran detenidos. En ese sentido, Ruani y Boccoli consignan que la decisión del tribunal “ha provocado un estado creciente de inquietud entre los testigos-víctimas, muchos de los cuales han ingresado a nuestro Programa de Acompañamiento y Protección a Testigos y Querellantes, y esta nueva situación puede afectar su seguridad y su integridad física y psíquica, impidiendo o restringiendo la posibilidad de brindar libre y autónomamente su declaración testimonial durante el desarrollo del juicio”.

Este requerimiento se suma a otros anteriores efectuados por la Secretaría de Derechos Humanos para que el tribunal disponga medidas restrictivas en relación a los imputados, incluso la detención, de modo de garantizar la realización del juicio. En esta oportunidad, además, las autoridades provinciales citaron y destacaron el reciente fallo de la Corte Suprema de la Nación, del 28 de diciembre pasado, que en la causa por delitos de lesa humanidad caratulada "Morales, Domingo" ordena revocar la excarcelación por las características personales del imputado y las circunstancias de los hechos juzgados.

En la causa “Díaz Bessone” se juzga, por los delitos de homicidio, violación y torturas, a cuatro policías, a un civil y al ex militar vivo con mayor autoridad del Segundo Cuerpo de Ejército, el general Díaz Bessone. El juicio, que se encuentra en la etapa de producción de prueba, prevé la declaración de 185 testigos, la mayoría sobrevivientes. Las audiencias se reiniciarán el 7 de febrero, tras la feria judicial.

También conocida como “Feced”, es la causa más voluminosa de la región: se juzgan 93 casos, la mayoría por hechos sucedidos en el Servicio de Informaciones de Rosario, centro clandestino de detención que funcionó en el edificio de la ex Jefatura de Policía.

“Este proceso es fundamental desde distintas perspectivas. Por un lado, la reparación para las víctimas, que es indudable y necesaria. Por otro lado, la reconstrucción de la verdad histórica. Además, a nivel regional, el juicio tiene una relevancia cardinal para probar y establecer el rol protagónico que tuvo en el terrorismo de Estado la Policía de la provincia, comandada por un cuadro de la represión como Agustín Feced”, indicaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.