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El Gobierno resolvió ampliar su injerencia en 32 empresas privadas en las que ya tenía una participación accionaria, que heredó luego de la disolución de las Administradoras de Fondos de Jubilaciones y Pensiones (AFJP). De esta manera, podrá nombrar más directores y tener un mayor peso a la hora de tomar decisiones corporativas.

El ministro de Economía, Amado Boudou, anunció ayer la firma del decreto 441 (cuya publicación en el Boletín Oficial está prevista para hoy), que dispone la eliminación de un límite que tenía la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) para ejercer sus derechos accionarios en esas compañías.

La ley que regía la actividad de las administradoras privadas de fondos de jubilación les impedía acumular más del 5 por ciento de acciones de una misma compañía. Hace dos años, cuando las tenencias de las AFJP pasaron a integrar el Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses, el organismo estatal se encontró con que al sumar las acciones que estaban en poder de varias administradoras se superaba ese límite en varios casos.
Muchas empresas argumentaron que para la Anses seguía rigiendo ese límite. No obstante, el Estado logró el acuerdo de varias compañías para nombrar directores, pese a que el 5% nominal no alcanzaba por sí solo para imponer un nombre propio en la conducción. "Fue una experiencia que durante más de un año funcionó exitosamente en los casos de, por ejemplo, Telecom, Pampa Holding, Banco Macro, Gas Cuyana, Consultatio o Aluar", dijo el ministro ayer, en diálogo con la prensa.

Sin embargo, ahora el Gobierno quiere ejercer sus representación completa, sin necesidad de acordar los nombres de los directores con los accionistas privados. Con la nueva normativa, el Gobierno tendrá el 30,9% de los votos del Banco Macro, el 27% en la citrícola San Miguel; el 26,6% en Gas Natural BAN; similar porcentaje en Consultatio (de Eduardo Costantini), y 26,4% en Edenor.

Un caso particular es lo que ocurre con Pampa Energía. El Estado posee 22,5% de las acciones y el principal controlante privado (el grupo encabezado por Marcelo Mindlin) sólo llega al 20 por ciento. No obstante, fuentes del sector privado aclararon que eso no necesariamente significa que el Gobierno podrá nombrar al CEO de esa compañía, ya que depende de qué tipo de acciones están en poder de la Anses.

Boudou justificó el cambio de normativa en el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría con las AFJP, la acumulación de acciones en manos del Estado no representa un conflicto de intereses. "El Estado va a poder ejercer todos los derechos políticos para designar directores según la proporcionalidad que tiene en cada una de las firmas", anticipó. Entre las 32 firmas donde el Estado tendrá mayor intervención figuran también dos grupos que, aunque hasta 2008 tuvieron muy buena relación con el Gobierno, en los últimos dos años protagonizaron varios roces. Así, el FGS del organismo que dirige Diego Bossio posee un 26% de Siderar, la siderúrgica del grupo Techint, además del 9% del Grupo Clarín. También participa con el 20% de Molinos Río de la Plata, la aceitera que fue suspendida por la AFIP del registro de exportadores.

Justamente, en los últimos días se conoció que el Gobierno propuso como director en Siderar a Axel Kicillof, un economista ligado a la agrupación kirchnerista La Cámpora. En 2009, el Gobierno y Techint debieron negociar y el nombre de Aldo Ferrer fue la fórmula de consenso que encontraron para que fuera aceptable por ambas partes. Con la nueva normativa, el Gobierno ya no deberá negociar en caso de que el grupo que comanda Paolo Rocca se oponga al nombramiento de Kicillof. El viernes pasado Boudou se reunió con dos altos ejecutivos de Siderar. Sin embargo,el ministro negó, ante una consulta de LA NACION, que se haya comentado allí este tema. "Fue una reunión eminentemente técnica sobre el plan de inversiones de la empresa.

El Estado toma sus decisiones con autonomía", respondió. El cambio de perfil de los directores propuestos por el Estado no se limita al caso Siderar. En Aluar,
también se propuso (y se consiguió aprobar) el nombramiento de Iván Heyn, otro economista ligado a LaCámpora. Reemplazó a Juan Manuel

Pichetto, hijo del jefe del bloque de senadores kirchneristas.
Ayer, Boudou aclaró que a los nuevos directores que podrá nombrarla Anses gracias al cambio de normativa "los seleccionará el Poder Ejecutivo", aunque aclaró que "no pueden ser personas que no tengan experiencia profesional en el área". No dijo nada sobre su militancia política.

Consultado sobre por qué se decidió cambiar la normativa por decreto de necesidad y urgencia y no por ley, el ministro sostuvo que querían hacerlo antes de que se realizara la mayoría de las asambleas anuales en las compañías involucradas, que tendrán lugar en los próximos días.

Entre las 32 empresas donde el Gobierno ganará influencia, figuran, además: Telecom, Transportadora de Gas del Sur, Transener, Solvay Indupa,Minetti, Quickfood y Metrovías.
La Anses también tiene en su poder paquetes accionarios inferiores al 5% de otras 10 firmas, como el Banco Hipotecario (en el que el Estado ya es accionista en forma directa), IRSA y Tenaris (otra firma del grupo Techint, aunque en un porcentaje mínimo). Allí no habrá cambios.