La intervención de teléfonos y las escuchas telefónicas fueron protagonistas de la crisis institucional generada en la provincia cuando el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, pidió a la Justicia "fundamentos" sobre la pinchadura de su teléfono oficial en el marco de una investigación por las horas extras del personal policial.
Las escuchas habían trascendido semanas antes pero la polémica inicial terminó por convertirse en una crisis político-judicial luego de la conferencia de Pullaro, y el posterior descargo de jueces y fiscales.
Ante esta situación, el fiscal regional de la provincia, Carlos Arietti, dispuso nuevo protocolo para tramitar y custodiar escuchas telefónicas.
La resolución, emitida el 1º de noviembre, dispone una serie de instrucciones para los fiscales que se encuentran investigando un caso y que necesitan intervenir teléfonos de personas vinculadas a diversos delitos.
El protocolo se basa en que todas las solicitudes de intervenciones telefónicas deberán estar debidamente fundadas por el fiscal, quien deberá incluir los detalles de la causa y los datos de la persona investigada. También deberá detallar el lapso de tiempo que el teléfono estaría intervenido.
Otro punto establece que las escuchas, que eran retiradas por la Policía de Investigación (PDI), tendrán que ser trasladadas por el propio secretario regional, Federico Fumis, o en caso excepcional por algún personal de la misma área del Ministerio Público de la Acusación (MPA).
Una vez retiradas las escuchas serán remitidas a la unidad fiscal del Ministerio Público de la Acusación que haya solicitado esa intervención.
El nuevo protocolo dictado por Arietti sale a luz en medio de la circulación de escuchas provenientes del teléfono oficial del ministro Pullaro. Las mismas habían sido solicitadas por la fiscal María Laura Martí, que investigaba junto con Roberto Apullán irregularidades en las horas extras del servicio policial de la provincia.