La crisis institucional y política sigue en Santa Fe. Ayer, el ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro, apuntó contra jueces y fiscales por la intervención de su línea telefónica oficial pidiendo conocer los "fundamentos" por los cuales se "pinchó" el celular de un funcionario público.
A raíz de estas declaraciones, los fiscales del Ministerio Público de la Acusación se defendieron a través de la presentación de un comunicado que enviaron a los diversos medios de comunicación, donde manifestaron la preocupación por los dichos del ministro Pullaro.
Lo cierto es que, ahora, las investigaciones pertinentes quedan en manos de María Cecilia Vranicich, auditoria general de gestión del MPA. En comunicación con "El cuarto poder", Vranicich detalló que llegaron a sus manos tres presentaciones que deberá analizar: la del ministro Pullaro contra los fiscales Martí y Apullán por la intervención de su línea telefónica, la del intendente Corral hacia el fiscal Apullán por ordenar allanamientos en la Municipalidad, y la del jefe de fiscales, Carlos Arietti, que elevó todo para el análisis.
La auditora explicó que, una vez que este órgano de control recibe las presentaciones, "pasan primero por una etapa de admisibilidad donde se estudia si la presentación tiene el tenor suficiente y, de ser así, se pasa a la segunda etapa, que es la de investigación propiamente dicha".
Luego se abre una investigación disciplinaria donde se producen pruebas, evidencias, y desde la auditoría se debe llegar a una determinada conclusión: si se archiva porque se encuentra que no hay faltas graves por parte del fiscal, o si se formulan cargos.
Después de este proceso y si la presentación cumple con el requisito de importancia, se pasa a una tercera instancia: el juicio disciplinario. Vranicich explicó que quien decide la sanción del fiscal es un tribunal disciplinario que se constituye para ese fin. "Es como un mini juicio", dijo la letrada.
La admisión de estas presentaciones tienen un plazo máximo de 60 días, en los cuales el auditor debe decidir si formula causas o archiva el reclamo. Vranicich expresó que "siempre que se sospecha de un fiscal, afecta a la institución en general".
Finalmente, Vranicich explicó que desde la auditoría que investiga estas faltas administrativas se pueden pedir sanciones para los fiscales que van 30 días de suspensión sin goce de sueldo hasta la destitución. "La auditoría no puede abrir una investigación penal, pero sí derivarla para que siga en marcha", cerró.