El conflicto entre Estados Unidos e Irán entró en una nueva etapa de controversia legal y política. Según informaron altos funcionarios de la gestión de Donald Trump, la guerra se considera "terminada" a efectos legales, debido a que no se registraron intercambios de ataques entre Washington y Teherán desde el inicio del alto el fuego el pasado 7 de abril. Con esta postura, el Ejecutivo busca desactivar el límite de 60 días impuesto por la Ley de Poderes de Guerra, que obligaba al mandatario a obtener el aval del Congreso para continuar las acciones militares.
La disputa gira en torno a la fecha límite de este viernes, día en que se cumple el plazo legal tras la notificación oficial de la campaña militar realizada el 2 de marzo. Bajo esta normativa, el presidente Trump debía solicitar permiso al legislativo para seguir adelante con el conflicto o, en su defecto, iniciar la desescalada de las tropas.
El secretario de Defensa, Pete Hegseth, defendió esta posición durante una reciente audiencia en el Congreso. Hegseth argumentó que el cese al fuego actual tiene el efecto jurídico de "suspender o detener" el reloj de los 60 días, invalidando la urgencia de una autorización legislativa. Para el funcionario, la ausencia de combate activo elimina la naturaleza de "hostilidades" que la ley pretende regular.
No obstante, esta interpretación generó un rechazo inmediato en el Capitolio. El senador demócrata Tim Kaine contrapuso que la ley no respalda la visión del Pentágono y advirtió que el vencimiento del plazo plantea un problema jurídico de extrema gravedad para la administración.
En la misma línea, la republicana Susan Collins fue tajante al afirmar que el límite temporal "no es una sugerencia, sino un requisito", recordando que ella misma votó a favor de limitar la acción militar sin el consentimiento del Congreso.