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El ministro de Seguridad, Álvaro Gaviola, y el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio de Olazábal, firmaron un convenio general de cooperación entre los distintos poderes del Estado para la implementación del nuevo proceso de justicia penal en la provincia.



El acto se realizó en la sede del Ministerio de Seguridad y contó con la presencia de los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti; y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti; los secretarios de Seguridad Pública, Horacio Ghirardi; de Control de Seguridad, Facundo Paschetto, y de Asuntos Penitenciarios, Leandro Corti; los fiscales regionales, y el subjefe de la Policía Provincial, Egidio Schettini, entre otros.



A partir del convenio, las partes firmantes definieron las formas concretas de colaboración a través de la conformación de comisiones mixtas, estableciendo las bases para el desarrollo de proyectos y acciones que contemplen el intercambio de conocimientos, experiencias y tecnologías.



El acuerdo también estipula coordinar la acción de la Policía Judicial, como órgano auxiliar de la administración de justicia dirigido a la investigación de los delitos, llevando adelante las funciones y tareas que se establezcan en el Código de Procedimientos Penales de la provincia.



En su discurso, el ministro de Seguridad manifestó que el gobierno “se propuso en el corto plazo avanzar en la implementación de este nuevo proceso judicial y este convenio es el punto de partida para el trabajo concreto que debemos desarrollar conjuntamente, ya que ningún proceso de cambio es posible si no hay un trabajo conjunto en su implementación”.



“Este convenio representa un cambio de paradigma que no tiene vuelta atrás y que implica un trabajo conjunto entre el Ministerio Público de la Acusación y la Policía provincial, tanto en la forma de llevar adelante tareas tales como el traspaso de información y la incorporación de nuevas tecnologías, como la coordinación de distintas acciones de la Policía judicial en la investigación de delitos”, destacó Gaviola.




A su turno, el fiscal general del Ministerio Público de la Acusación, Julio De Olazábal, manifestó que “tras años de atraso, la provincia de Santa Fe se está colocando a la cabeza de la reforma procesal penal en toda la Argentina; ha costado mucho pero la decisión está tomada y es irreversible”.



En referencia a los puntos específicos en los que hay que trabajar, De Olazábal consideró fundamental “la relación entre la Policía y las fiscalías porque es imprescindible una coordinación. El Código Procesal Penal y las leyes establecen que el Ministerio Fiscal es quien tiene que dirigir la investigación, el tema es cómo hacerlo”.



“El tema de la seguridad es sumamente complejo y sensible, y hay que trabajarlo con mucha seriedad; para ello hemos firmado el presente convenio, en el reconocimiento de que no se puede abandonar lo que se ha hecho pero que hay que modificarlo, y la única forma es establecer una mesa en la que podamos comenzar a ver como vamos a actuar en lo sucesivo”.



“Para esto -acotó-, es necesario un debate permanente ya que tenemos que ver qué experiencias se pueden aportar desde el Ministerio de Seguridad y ver los aportes que se pueden hacer desde nuestra área. Es de esperar que en un lapso no muy extenso podamos estar presentando en todo el país un ejemplo de cómo se debe trabajar en esta materia”.


Por último, el ministro Superti recordó que “cuando comenzó la gestión, una de las tareas más importantes en nuestro ministerio fue la implementación del nuevo sistema de justicia penal, tarea sumamente compleja y difícil que podríamos definir como un hecho fundacional, ya que había que construir un sistema nuevo de justicia, tan nuevo que iba a coexistir con el sistema viejo”.



Esta tarea -añadió Superti- “no es simplemente cambiar una ley, una norma, sino que se trata de construir un aparato judicial completamente distinto al que tenemos, ya que tiene instituciones nuevas, procesos de trabajos distintos, una cultura e ideologías opuestas a la que teníamos y en parte aún tenemos en la provincia. Y son precisamente las viejas ideologías y culturas las que nos descalificaban en el concierto de las provincias y frente a los tratados internacionales y a la propia doctrina de la Corte Suprema de Justicia”.



“Hoy estamos consolidando este modelo nuevo y parte del éxito del sistema radica en la integración entre la Fiscalía y la Policía”, señaló el ministro y agregó: “Estamos seguros de que este modelo que estamos construyendo es mucho más eficaz, máxime cuando tenemos presente que el modelo anterior nos exhibe más de 650 mil causas, cuyo destino tarde o temprano va a ser la prescripción, como lo fue el de las causas más importantes que tuvo la provincia, en una marcada impunidad que sí es preocupante”.