Lt 10

El Juzgado Nacional en lo Penal Económico Nº 4, a cargo de Alejandro Catania, requirió a El Cronista y a otros diarios de la Capital Federal datos de los periodistas que escriben noticias sobre índices inflacionarios, en la causa penal que el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, inició contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo, titulares de M&S Consultores, por difundir índices de precios alternativos al del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

En un exhorto con fecha 15 de septiembre, Catania insta informar, en el plazo de cinco días, si El Cronista ha “facturado espacios para publicaciones a M&S Consultores o a Carlos Melconian o Rodolfo Santangelo, desde el año 2006 hasta la fecha”.

También pidió “suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas –editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios” a partir del año 2006.

En la víspera, había librado un exhorto al FMI para que dé cuenta de los parámetros que usa para difundir la inflación del país.

Moreno querelló penalmente a los titulares de M&S consultores y a Orlando Ferreres, responsable de la consultora que lleva su nombre. Los acusa de infringir el artículo 400 del código penal, que castiga los “fraudes de comercio e industria”.

Además, emitió multas por $ 500.000 a una docena de consultoras por difundir datos de inflación alternativos.

Las proyecciones de inflación que elaboran los privados rondan en la actualidad entre el 22 y 25% anual. Están en línea con mediciones provinciales de Santa Fe y San Luis, por caso. Y aunque el Gobierno las cuestiona, son empleadas por jueces para actualizar sentencias, y gremios, para negociar paritarias. Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, fue una de las últimas dirigentes en sumar su crítica al Indec.

En diálogo con LT10, Luciana Basso, integrante de Acción Educativa, expresó que “la cifra más impactante es el negocio que significa la trata de personas para el crimen organizado. Una mujer adulta reporta alrededor de 1000 dólares mensuales a su captor y una niña menor de 21 años reporta alrededor de 5000 dólares mensuales. Estas cifras están vinculadas a la realidad latinoamericana”.

Además, Luciana Basso agregó que “nosotros detectamos problemas con las denuncias que se hacen en la policía. No todos son tomadas con presunción de caso de trata. Algunas denuncias llegan a la policía como fuga de hogar y desaparición. En general hay cierta estigmatización con la mujer que desaparece. Se suele suponer que se va porque quiere o que se fue con un noviecito. Generalmente, se culpabiliza a la víctima. Necesitamos un cambio cultural”.

Consultada sobre el marco ideológico en el que se da la trata de personas, el integrante de Acción Educativa manifestó que “esto tiene una fuerte vinculación con el capitalismo y el sistema patriarcal. Hay que pensar lo que significa socialmente tanto el proxeneta como el prostituyente (el cliente). El consumidor no está cuestionado socialmente porque se supone que paga por un servicio. Hay que pensar sobre lo que significa socialmente el ir de putas. Esto no es como ir al cine”.