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De no mediar sorpresas, la de mañana será la primera condena contra represores de la Armada Argentina, como lo fueron los jefes de esa fuerza que integraron las juntas militares condenadas en el juicio histórico de 1985.

También lo será para los emblemáticos miembros del Grupo de Tareas que actuó en la ESMA, cuya imagen y repercusión mundial por su accionar represivo volvió tristemente célebre a hombres como Alfredo Astiz, condenado en ausencia por la Justicia de Francia, por el crimen de dos religiosas de esa nacionalidad.

No estará "El Negro" Massera, el ideólogo del plan de exterminio ya fallecido, mientras sus subalternos, desde el banquillo de los acusados piden que se juzgue a los altos mandos de entonces. Por la ESMA pasaron miles de personas que fueron asesinadas, y durante años, hasta la actualidad, son consideradas desaparecidas, convirtiéndose así en el centro clandestino que, junto con La Perla, en Córdoba, es sinónimo del horror que generó el accionar represivo durante la dictadura.

De esos hechos dieron cuenta la mayoría de los 209 testigos que desfilaron durante las audiencias iniciadas en los primeros días de diciembre de 2009, en su mayoría sobrevivientes, familiares y vecinos de las víctimas.

Esos testimonios también abrieron otros espacios de investigación judicial, para establecer nuevos delitos por violencia sexual contra las detenidas y detenidos en algunos casos, así como también la responsabilidad de algunos miembros de la Iglesia, católica que alcanzan hasta la más alta jerarquía de ese credo, como en el caso de los secuestros de los sacerdotes Orlando Yorio y Francisco Jalics, secuestrados en una villa del Bajo Flores.

Desde el juicio a las Juntas donde se ventilaron hechos condensados en la causa 13, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, decenas de sobrevivientes de la represión vienen ofreciendo su testimonio, cuando ratificaron primero lo denunciado en el exilio
ante los organismos internacionales y luego ante la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas.

Entre esas denuncias se encontraban aquellas contra los represores de la ESMA, una de las megacausas que la Cámara Federal de entonces tenía previsto iniciar, antes del dictado de las leyes de Obediencia Debida y Punto Final.

La suscripción de los pactos internacionales, que consideran crímenes de lesa humanidad y por lo tanto imprescriptibles delitos como los cometidos en la ESMA; la posterior inconstitucionalidad y anulación de aquellas leyes impulsadas por el ex presidente Néstor Kirchner, llevaron al resurgimiento de ese juicio cuyo inicio se demoró por casi cuatro años.

A medida que fueron transcurriendo las audiencias a cargo el Tribunal Oral Federal 5, se fueron cayendo velos de antiguos prejuicios, como la pertenencia de algunos de los testigos a la organización en la que militaban al momento de sus secuestros, algunos de ellos de organizaciones peronistas de base (UES, JP, JUP) o Montoneros, la "especialidad" de la ESMA, según lo admitió hace una semana en sus últimas palabras el Tigre Acosta.

También admitieron las mujeres haber sido victimas de violaciones, como esclavas sexuales de los oficiales de la ESMA, que las obligaban a "vestirse de mujeres" y salir a cenar a altas horas de la madrugada, dentro de lo que consideraban su proceso de socialización.

Mucho les ha costado a aquellas mujeres, tanto como sobrevivir, haberse devuelto a otra realidad y denunciar a aquellos que las sometieron, salvo algunos casos aislados que se pueden encasillar en lo que se conoce como "síndrome de Estocolmo".

Por esa y otras razones, los alegatos de las defensas de los militares apuntan a la validez de esos testimonios, acusándolos de haberse convertido en agentes de inteligencia que delataron a sus viejos compañeros, o de haber cambiado distintos testimonios brindados ante la justicia.

Cuando se hablaba de esos temas en las bandejas superiores los familiares de los acusados brillaron por su ausencia, al igual que cuando se trataban asuntos como partos clandestinos o robos de bebés.

Del otro lado -la fiscalía o las querellas, de las que también forman parte los sobrevivientes- existe también un reclamo latente que coincide con algunos organismos de Derechos Humanos, por someter a las víctimas a un incesante desfile y reedición de los horrores vividos durante su cautiverio.

Miriam Lewin, Martín Gras, Lila Pastoriza o Graciela Daleo, ya fueron "casos testigos" en el juicio a las juntas, y han vuelto a declarar en el posterior juicio por el Plan Sistemático del robo de bebés nacidos en cautiverio, y es lógico que pasados los 35
años de aquellos hechos sus relatos no sean fidedignos.

En la sala de audiencias, quedarán flotando en el viento las declaraciones testimoniales de Gas y Lilia Ferreyra, la última mujer de Rodolfo Walsh, quienes relataron con pequeños matices el último cuento del autor de Operación Masacre, "Juan se iba por el
Río", mientras Alfredo Astiz, el Ángel rubio de la Muerte, abría con provocación su libro de cabecera: "Volver a matar