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El diputado nacional por Santa Fe, Oscar Cachi Martínez,  adelantó su voto negativo al proyecto de Ley para limitar las responsabilidades del Estado que se tratará este miércoles en el congreso. “Si se aprueba esta ley la responsabilidad de los funcionarios gubernamentales, en numerosos casos de conocimiento público tanto nacionales como provinciales, quedarán impunes y esto es al menos una injusticia. Consagra la inseguridad jurídica, incurre en contradicciones normativas y consolida la idea que los funcionarios no cometen errores y, que si los cometen, como se dice en el barrio ‘no los pagan’” explicó el vicepresidente del Frente Renovador que lidera Sergio Massa.

“Estamos convencidos que la norma proyectada en esta materia es inconstitucional” ratificó el abogado santafesino y sostuvo “esperamos que el Poder Ejecutivo revea esta postura, que sin lugar a dudas avanza hacia la irresponsabilidad de los funcionarios públicos y del estado en detrimento del resto de los ciudadanos”. Explicó que “la responsabilidad del Estado y sus agentes tiene base constitucional y se consustancia con los principios de igualdad ante la ley, inviolabilidad de la propiedad privada y la regla de demandabilidad del estado nacional y su condición de parte procesal sin ninguna clase de prerrogativa, respeto de la vida y la integridad física, respeto de los derechos adquiridos, igualdad ante las cargas públicas, afianzamiento de la justicia, garantía de libertad y deber de indemnizar”.

Pero fue más allá y ejemplificó “por la decisión de este gobierno, los médicos ya no tendrán mala práxis -al menos en hospitales públicos-, los policías ya no deberán indemnizar si chocan a alguien con sus patrulleros y ya nadie podrá tener al menos la pretensión desde nuestra legislación, que los funcionarios sean responsables por su accionar irregular”.

“Sacar del Código Civil la responsabilidad del Estado significa dejar la misma en manos de las normas de derecho administrativo nacional o local de cada provincia o municipio. Esto no se explica sino en el sentido de la línea seguida por el Poder Ejecutivo con el reciente decreto que limita la responsabilidad de los funcionarios públicos que actúan como directores en representación del Estado en Empresas Privadas” aseguró.


“No es casual que un criterio de toma de decisiones de rasgos autoritarios vaya en el sentido de establecer reglas especiales para el tratamiento de la Responsabilidad del Estado y de sus funcionarios, constituyendo un nuevo y palmario rasgo de autoritarismo que también soslaya los principios que habían motivado la participación de cientos de juristas, de decenas de actores sociales y de la totalidad de las fuerzas políticas en la búsqueda de la construcción de un nuevo Código Civil” opinó Martínez.

Y además declaró que el proyecto de modificación de los Códigos Civil y Comercial fue “literalmente descuartizado en el Senado en los artículos 1764, 1765 y 1766, acotando la Responsabilidad del Estado y sus agentes, restringiendo los derechos e intereses de los ciudadanos”. E indicó que “la propuesta hecha por la Comisión de Juristas incluidos Ricardo Lorenzetti, Elena Highton de Nolasco y Aida Kemelmajer de Calucci establecía que el Estado debe responder objetivamente por los daños causados en el ejercicio irregular de sus funciones y que el funcionario o empleado es responsable concurrentemente con el Estado por los daños causados por acciones u omisiones que impliquen el ejercicio irregular de su cargo. También establece la responsabilidad objetiva derivada de la actividad lícita del Estado. Todo eso hoy desaparece, como también el modo indemnizatorio. Las normas del Título V Sección 9 han sido aniquiladas, tirando el trabajo arduo y fecundo de los juristas y haciéndonos retroceder a punto tal de poner en tela de juicio la verdadera vocación del Gobierno de aprobar una reforma del Código Civil o solo establecer un sistema de Responsabilidad del Estado y de sus funcionarios más laxo”.



“Uno de los argumentos para los destripadores del Proyecto de Reforma del Código Civil es que el mismo solo debe referirse a cuestiones de Derecho Privado y dejar al Derecho Público en la esfera del Derecho Administrativo. Alegan incluso que un accionar distinto sería atentar contra el federalismo y la posibilidad de que cada provincia en esta materia pueda fijar su propia legislación. Aquí hay una clara contradicción, porque es competencia del Congreso dictar la legislación de derecho común para todo el territorio. Esto es, la legislación sustantiva corresponde a la Nación y la legislación adjetiva corresponde a las provincias”.

En el caso de la Carta Magna santafesina, Cachi Martínez ejemplificó que “en su artículo 18 expresa que en la esfera del Derecho Público la Provincia responde ante terceros por los daños causados por actos ilícitos de sus funcionarios y empleados en el ejercicio de actividades que le competen, sin perjuicio de la obligación de reembolso de estos. Tal responsabilidad se rige por las normas del Derecho Común, en cuanto fuesen operables”.

Y prosiguió “pero la nueva redacción del Código excluye claramente la posibilidad de su aplicación aún por vía de la analogía y por tanto, si no hay norma: ¿no hay responsabilidad? En nuestra provincia: ¿debiéramos tener que acompañar la iniciativa reformista del socialismo bajo el riesgo de caer en la irresponsabilidad o indemandabilidad del Estado provincial?”

El legislador continuó “las derivaciones negativas son evidentes, una inflación legislativa con redundancias e incoherencias que como bien han dicho distinguidos juristas convertirán a la legislación en la materia en una verdadera torre de babel. Desigualdad en el trato que se ve a partir de dejar en manos de cada provincia la posibilidad de establecer la legislación de fondo”.


El polémico proyecto obtuvo dictamen de mayoría el martes pasado, en una reunión conjunta de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Legislación General pero solo lo firmaron los legisladores del Frente Para la Victoria. En tal sentido, el líder de 100% Santafesino agregó “quiero expresar mi profundo pesar y el pesar de este Bloque del Frente Renovador por el desprecio del Ejecutivo a los juristas que convocó y que habían avanzado en un sentido amplio y justo de la Responsabilidad del Estado y sus funcionarios. También, nuestro malestar por el desprecio a la posibilidad de lograr una reforma del Código Civil surgida del consenso y por el avance de esta norma dos veces autoritaria, tanto por su contenido como por su forma de lograr tratamiento en este cuerpo”.

Oscar Martínez apeló además a autores clásicos tales como el gran jurista alemán Edgar Bodenheimer, autor de “Teoría General del Derecho”, para mostrar las diferencias entre Poder y Derecho y entre los Regímenes Totalitarios y los estados basados en el Estado de Derecho. “En los estados totalitarios modernos al decir de Bodenheimer, la principal característica está dada por no estar obligado a tratar de igual manera a situaciones iguales. También otra de sus características es la posibilidad ilimitada de cambiar leyes. No hay salvaguardas constitucionales que establezcan limitaciones a las leyes arbitrarias. Es decisivo esto para la conducta de los súbditos dentro de una estructura de poder despótico” definió.

Y sostuvo también que “el intento de imponer una voluntad sin tomar en consideración el resultado de los aportes de la Comisión de Juristas y de las numerosas audiencias desarrollados a lo largo del país por la Comisión Bicameral, acercan al oficialismo a una visión autoritaria y alejan la posibilidad de construir una reforma del Código Civil de carácter democrática y participativa como supuestamente se había establecido como objetivo inicial, dada la significación y el futuro de la misma”.

“Si la relación entre un líder y los miembros de su grupo se basa en el principio de sumisión u obediencia estricta y si esa estructura de poder logra apoderarse de un Estado para moldearlo de conformidad con los principios de su propia organización, nos encontramos ante un Estado totalitario. Pero hay un camino para evitar esto: el Derecho, que justamente constituye una limitación al poder. Y cuando esa limitación se efectúa hacia las autoridades públicas, obliga a estos a respetar y observar ciertas normas y reglas generales de conducta”.