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Las elecciones generales de octubre y el falso paradigma del debilitamiento de la Nación frente a las provincias es el título del trabajo de Rodrigo Martínez, director de Isonomía Consultores que se transcribe a continuación:


Los resultados de las PASO cubrieron con el manto de la certidumbre política las elecciones venideras de octubre. La pregunta que emerge clara y potente es sólo una, formulada de diversas formas: ¿cuál será la distancia final entre Massa e Insaurralde en la provincia de Buenos Aires? ¿Perderá el gobierno nacional el Senador Nacional por la minoría en la ciudad de Buenos Aires? ¿Retendrá el FPV el primer lugar en la lista de Senadores Nacionales por Salta? ¿El caudal de votos del FPV será aún más bajo que en agosto? ¿Cómo queda configurado el mapa de las opciones peronistas, oficialistas, filo oficialistas y opositoras de cara al proceso político electoral 2013-2015?

El ritmo de la coyuntura política no debería opacar, no obstante, algunas interrogantes algo más profundas y seguramente más trascendentales que definirán el carácter y el ritmo de la transición política hacia el 2015: la relación de Cristina Fernández de Kirchner con el peronismo y, por otro lado, el vínculo de la Presidenta con los gobernadores.

Centrándonos exclusivamente en este segundo punto es indudable que los gobernadores suelen ser actores centrales en el condicionamiento de los procesos de transición política y económica en la Argentina, tal como puede observarse en episodios pasados de nuestra historia. Sin embargo, es interesante repensar este vínculo dados los matices que han caracterizado en particular la relación del kirchnerismo con las provincias en estos diez años: la profundización del verticalismo y la dependencia de la caja del poder central. Este fenómeno ha sido tal que, a falta de sólo dos años para el fin del período del kirchnerismo en el poder (al menos del kirchnerismo “duro”), todavía el 80% de los gobernadores del país se definen como aliados o miembros de la coalición gobernante aún cuando no tengan el mismo color partidario.

En este contexto se libera una batalla con fuerzas en contraposición: por un lado, el vector electoral impulsó al gobierno a tomar las decisiones de liberar del pago del impuesto a las ganancias a los salarios inferiores a 15.000 pesos, corregir las escalas del monotributo y transferir los fondos a las obras sociales mientras que, por otro lado, el vector de la política económica apunta a la profundización de dificultades fiscales que harán cada vez más problemáticas las relaciones entre la Nación y las provincias. Inevitablemente esta situación desemboca en una encrucijada política que se refleja en una batalla silenciosa entre la Presidenta y los Gobernadores sobre quien será el responsable político de este desajuste. Asimismo, como escenario de fondo de esta pulseada, los Gobernadores saben que dependen de la decisión política de la Presidenta de refinanciar los servicios de deuda de las provincias (reprogramados en el 2010) que, de no mediar decisión alguna, implicaría importantísimas erogaciones que condicionarían tanto las gestiones locales de los gobernadores de cara al 2015 como la dinámica política de sucesión presidencial.

Evidentemente, en este escenario Cristina Fernández de Kirchner parece contar con una ventaja que compensa la debilidad política frente a los gobernadores que, seguramente, emanará de los resultados de octubre: dominio del poder central de recursos fiscales, capacidad de emisión monetaria, la aprobación del presupuesto y de la ley de emergencia económica y del impuesto al cheque, y por último, pero no por eso menos importante, la posibilidad de condicionar la paz social en cada provincia que presenta cuentas fiscales enormemente deterioradas.

En conclusión, la ecuación política es tan compleja como evidente. El nivel de dependencia de las administraciones provinciales es tal que la relación política con el gobierno nacional se definirá menos por el resultado de octubre que por el sostenimiento del equilibro político que le permita a los gobernadores mantener los lazos con la Presidenta (y por ende garantizar la supervivencia fiscal de sus provincias). Al mismo tiempo que cultivan el vínculo con un electorado que tras cada día le da la espalda al Gobierno Nacional con mayor vehemencia. En este sentido, los gobernadores de las provincias claramente definidos como opositores al gobierno nacional (tanto peronistas como no peronistas) son quienes cuentan (por primera vez en la década kirchnerista) con mayor libertad de maniobra política.

Finalmente, el costado de la ecuación que termine prevaleciendo en esta dicotomía sea quizás el que demuestre mayor poder explicativo de, por un lado, el tipo de relación Nación-Provincias y de la suerte electoral que corran las administraciones provinciales y, por otro lado, del alineamiento político que cada gobernador defina en el futuro mapa presidencial de 2015.