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Como parte de la avanzada para controlar el mercado de la telefonía celular, la Secretaría de Comunicaciones (Secom) publicó ayer en su página web un anticipo de lo que el Gobierno propone como nuevo reglamento para la actividad de las operadoras de servicios móviles que, entre otros aspectos, le reserva a las autoridades nacionales la última palabra a la hora de permitir o no un aumento en los precios del servicio.

Así se desprende de la Resolución 12/2013 del Ministerio de Planificación Federal del que depende la Secom y que tiene fecha del 6 de septiembre pasado. Si bien la norma informa sobre la apertura de un período de consulta popular para arribar a un texto definitivo, también da a conocer la propuesta del Gobierno para modificar las condiciones con la que los prestadores deben ofrecer el servicio a los usuarios.

Según el organismo que comanda Norberto Berner, el objetivo es “garantizar más derechos para los usuarios de telefonía móvil y regular cuestiones significativas que no están contempladas en el reglamento vigente”.

En este marco, en materia de precios, la Secom establece que junto con los cargos de activación y las prestaciones adicionales son libres y de exclusiva responsabilidad de las operadoras. Sin embargo, aclara que “la autoridad regulatoria puede por razones de interés público debidamente justificadas, establecer restricciones o disponer alguna autorización previa”. Es decir, el organismo se reserva el derecho a avalar o no nuevos ajustes de tarifas.

De hecho, la semana pasada la Secom presionó a Movistar y Personal para que dieran marcha atrás con una suba de los abonos que debía entrar en vigencia este mes. En ese momento, se acordó con las empresas frenar el incremento. Ahora, el organismo directamente propone una intervención más directa sobre los ingresos de las empresas.

El artículo 45 del proyecto señala además que los precios establecidos por los operadores dentro de cada una de las diferentes modalidades de contratación y condiciones comerciales en todos los planes “deben ser razonables y no discriminatorios”. También aclara que deberán ser comunicados a la Secom en forma previa a su entrada en vigencia, con una anticipación no menor a 60 días corridos. Además, obliga a las empresas a otorgar a los usuarios reciprocidad en el trato aplicando para los reintegros o las devoluciones los mismos criterios que establezcan para los cargos por mora. El artículo incluye también un detallado informe de todo lo que la Secom pretende que las empresas detallen en las facturas que envían a sus clientes.

El borrador del nuevo reglamento, que a partir de mañana será debatido en foros que el Gobierno organizará en todo el país, también regula otros aspectos críticos del servicio como la atención e información hacia los usuarios, la vigencia de las recargas, los canales de reclamo, los mensajes no deseados (SPAM) y el roaming.

En el caso de las recargas de prepago deberán tener una vigencia no inferior a 6 meses. En la actualidad, promedian entre 30 y 45 días, dependiendo las ofertas del operador. Para el roaming internacional, el operador deberá notificar a su cliente mediante un mensaje los precios vigentes de la operadora internacional a la cual se ha conectado. Y para activar el servicio el usuario deberá prestar su confirmación expresa.

Para los reclamos, el proyecto establece un plazo de resolución de 24 horas para los asociados a deficiencias e interrupción del servicio; 3 días hábiles para facturación y 5 días hábiles para otros reclamos generales.