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Christine Lagarde se arrepintió. La directora general del Fondo Monetario Internacional (FMI) finalmente decidió no emitir recomendación a la Junta Ejecutiva para presentar su posición ante la justicia federal respecto del litigio de Argentina con los fondos buitre. Así, el organismo se plegó a la administración Obama y el amicus curae prometido públicamente nunca llegará. De todos modos, para los expertos legales, sin el apoyo de Estados Unidos, el gesto del FMI hubiera hecho muy poco por ayudar a la Argentina ante la Corte Suprema. Pero esto no evitará, claro, que hoy el costo del seguro contra default refleje este giro en el caso, sobre todo después de que en el último mes se redujera 30% ante la percepción de una mejora en las chances del país de ser escuchado por el máximo tribunal.
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Es fundamental contar con la presentación del gobierno de Estados Unidos. Cuando lo hace, el porcentaje de que la Corte Suprema tome el caso en revisión aumenta de un 3% -cuando no se presenta-a un 50%”, explicó Eugenio Bruno, socio del estudio Garrido, para quien si Estados Unidos acompañó en los últimos años al país, lo mas lógico hubiese sido que lo hiciera en esta instancia también. “No entiendo por qué cambió su postura, desde el punto legal no hay explicación”, agregó Bruno. Fue esa actitud precisamente la que motivó la marcha atrás del FMI.

En sintonía, para Richard Samp, de la Washington Legal Foundation, el apoyo de la administración de Obama es esencial para que la Corte Suprema actúe en favor del país. “Los litigantes que quieren convencer a la Corte para que escuche los casos buscan grupos prominentes para que presenten escritos amicus curiae. Mientras que la estrategia funciona de vez en cuando, el único amigo de la corte que puede hacer que el máximo tribunal tome nota en este caso, es el gobierno norteamericano. Si no se presenta, los otros amicus serán de valor limitado”, apuntó Samp.

Aunque el Departamento de Justicia confirmó la semana pasada que la administración de Obama no presentará un “uninvited”, la Corte Suprema podría pedir su opinión más adelante. Pero esta posibilidad no se conocerá hasta que transcurran ocho semanas desde el 26 agosto, fecha en que el máximo tribunal fijó para que los holdouts contesten el recurso de apelación de Argentina.

Según Antonia Stolper, socia y líder para América latina del estudio Shearman & Sterling, con sede en Nueva York, el apoyo del FMI sólo hubiera incrementado marginalmente la posibilidad de que la Corte Suprema pida la opinión del solicitor general - el abogado que representa al gobierno norteamericano ante el tribunal -, y aunque éste entrara al caso con una opinión favorable, es difícil que el país consiga la apelación.

Marcelo Etchebarne, socio del estudio Cabanellas, Etchebarne, Kelly & Dell’Oro Maini, concordó: “No creo que [el apoyo del FMI y Francia] sea relevante en el juicio. Sí lo es en la relacion entre el FMI, Francia y Argentina. Los amicus de terceros tienen fuerza sólo en sus argumentos jurídicos. Hace unos meses, en el caso British Gas vs. Argentine Republic, la Corte pidió la opinión del solicitor general, que abogó por Argentina con buenos argumentos, pero la Corte resolvió en contra.” Para Etchebarne, las chances de que el máximo tribunal tome la apelación son bajas.