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aniel Pérez Gadín, el contador de Lázaro Báez , pasó inadvertido ayer en los tribunales federales de Comodoro Py 2002. Más gordo que en las últimas fotos suyas publicadas en la prensa, y con una barba rala que cubría parte de su rostro, se presentó en el juicio que se le sigue por irregularidades en la tramitación de la radicación de ciudadanos coreanos. Pero pidió ser sobreseído y que todo el caso sea cerrado, dado que transcurrieron más de 20 años desde que tuvieron lugar los hechos por los que es juzgado.

De traje gris, el contador llegó temprano al edificio judicial de Retiro y eludió a los periodistas. Lo mismo ocurrió cuando terminó la audiencia del juicio, cerca las 14. Se cruzó en un pasillo del subsuelo con LA NACION y declinó con amabilidad contestar preguntas.

Pérez Gadín quedó en el centro de la atención cuando fue imputado en la causa que conduce el juez federal Sebastián Casanello por lavar dinero de Lázaro Báez, mediante operaciones financieras que permitieron sacar del país por lo menos 50 millones de euros.

También quedó involucrado, a partir de investigaciones periodísticas de diarios argentinos y uruguayos, en la compra de un campo en José Ignacio, de 150 hectáreas, por 14 millones de dólares, una cifra elevada considerando que está anotado en la AFIP como monotributista y autónomo, con ingresos máximos de $ 70.000 al año.

La publicación de su nombre en los diarios activó esta vieja causa judicial por la que ayer comenzó a ser juzgado. Se trata de un expediente en el que está acusado de 196 falsificaciones de estampillas que se debían pagar para formalizar la radicación de ciudadanos extranjeros. Pérez Gadín se dedicaba a estos trámites con ciudadanos coreanos en los 90. Al parecer se fraguaron los timbrados y por eso debe responder el contador, acusado además de fraude en 12 oportunidades.

El caso estuvo en el Tribunal Oral Federal N° 2, que fijó seis veces fecha de juicio sin éxito. Parte de la causa prescribió y la que sobrevivió terminó con el Tribunal Oral Federal N° 3, integrado por los jueces Guillermo Gordo, Miguel Pons y Jorge Gettas, que ayer comenzaron a juzgarlo.

Junto con el contador de Báez están en el banquillo su ex socia María Candelieri de Autino y dos ex funcionarios de Migraciones.

En la sala del subsuelo del edificio de la justicia federal se leyó ayer la acusación fiscal contra Pérez Gadín y se plantearon las objeciones preliminares que realizó la defensa. En este proceso debe responder por los delitos de "falsedad ideológica de documento público en forma reiterada, consumada en ciento noventa y seis hechos, en concurso real con defraudación a la administración pública en forma reiterada en doce oportunidades, también en calidad de autor".

Pérez Gadín cuestionó tres aspectos centrales de la acusación durante los planteos previos: nulidad de la oportunidad del planteo de pruebas, que uno de los abogados de la querella -en cabeza de Migraciones- no tuvieran un poder especial y, fundamentalmente, que el caso estaba prescripto debido a que se violó la garantía de todo acusado de que el proceso en su contra sea resuelto en un plazo razonable.

En este caso transcurrieron más de 20 años de los hechos, dijo la defensa de Pérez Gadín, durante el juicio. No es que hubiera prescripto el plazo establecido en el Código Penal para los delitos por lo que es juzgado (fraude y falsificación reiterados), sino que el Estado no dio una respuesta en un plazo razonable. Esta idea está afincada en la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La fiscalía a cargo de Sabrina Namer y Fernando Arrigo respondieron a estos argumentos y ahora los jueces Gordo, Pons y Gettas dispusieron un cuarto intermedio hasta el próximo miércoles 29, donde resolverán estas cuestiones.

Pérez Gadín pidió la semana pasada la "probation" -suspender el juicio para hacer tareas comunitarias-, lo que fue rechazado por el fiscal y por el tribunal.
Con causas en las dos orillas del Río de la Plata

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