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Tras la reunión de urgencia con sus espadas legislativas en la noche del martes, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner decidió aceptar dos cambios clave en el proyecto para reformar el Consejo de la Magistratura: la administración de los recursos y las designaciones de personal, que según el texto debían pasar a ese organismo, continuarán en manos de la Corte Suprema. Los cambios, pedidos por los presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales de todo el país a través del máximo tribunal, le permitieron al oficialismo asegurarse el apoyo de aliados decisivos y garantizarse el quórum para iniciar hoy la sesión en Diputados, donde además se debatirá la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la regulación de las medidas cautelares contra el Estado.

La Corte hizo llegar al Congreso los reclamos de cambios al proyecto a través de una carta firmada por su titular, Ricardo Lorenzetti, y fechada el jueves pasado. Para concederlos, el oficialismo debió retocar 22 de los 32 artículos que componen el proyecto. La otra pata del proyecto, la elección popular de los consejeros, se mantuvo igual.

Tras las modificaciones, los aliados del MPN y el salteño Walter Wayar, que estaban en dudas, confirmaron su respaldo a la iniciativa. “Este cambio era lo posible. Me parece importante”, definió ante El Cronista la neuquina Alicia Comelli. Además, otro diputado que era contabilizado como indeciso, el santafesino Juan Carlos Forconi, ratificó que siempre estuvo a favor de la iniciativa; con lo que el oficialismo se aseguró tener mañana a los 129 diputados necesarios para iniciar la sesión y aprobar la reforma del Consejo, que requiere una mayoría especial.

Los bloques opositores, que no lograron ninguna concesión del kirchnerismo, miraron con suspicacia los cambios. Elisa Carrió, de la Coalición Cívica, le puso palabras a esas sospechas: “Acá hubo un pacto entre el Presidente de la Corte y la Presidente de la República”, denunció. Según la diputada, el Gobierno le da a la Corte “el manejo del dinero, del presupuesto y el personal” para conseguir a cambio fallos favorables en las causas por la Ley de Medios y el cepo cambiario.

En el oficialismo lo negaron tajantemente. La titular de la comisión de Asuntos Constitucionales, la kirchnerista Diana Conti, y hasta su par de la comisión de Justicia, el díscolo Jorge Yoma –que votará en contra de las tres iniciativas oficiales–, rechazaron las acusaciones. “La Corte solo advirtió que estos temas iban a ser anulados por una acordada. El Ejecutivo lo único que hace es ahorrarse esa anulación”, detalló Yoma.

En esas dos comisiones se discutieron ayer los tres proyectos que ya había aprobado el Senado. La reunión empezó con la exposición de varias ONGs y constitucionalistas contrarios a las iniciativas. Pasado el mediodía, y después de escuchar al ministro de Justicia, Julio Alak, y a su vice, Julián Álvarez, Conti fue la encargada de leer uno por uno los cambios. “Nuestra intención es tomar sugerencias de los jueces”, anunció. Según explicaría luego, en un contexto de fuerte agitación por la reforma, el oficialismo decidió privilegiar la elección popular de los consejeros y mantener el status quo en la administración de los recursos del Poder Judicial, aun cuando es la Constitución Nacional la que establece que esas funciones deben estar en el Consejo y no en la Corte.

El proyecto, que según los cálculos del kirchnerismo tendrá hoy el aval de Diputados, deberá volver al Senado para que esa Cámara ratifique estas modificaciones. Allí el bloque oficialista ya puso fecha, y la reforma del Consejo de la Magistratura finalmente se estaría convirtiendo en ley el 8 de mayo. Ese día se cumplirá exactamente un mes desde que la Presidenta anunció su envío al Congreso.