La presidente Cristina de Kirchner autorizó a sus legisladores a hacer cambios en los proyectos de reforma judicial. El motivo de esa decisión, casi una rareza en el oficialismo, fue una carta firmada por la Junta de Presidentes de las Cámaras Nacionales y Federales del país que el titular de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, le acercó a la mandataria.
En la misiva, que fue difundida por el Centro de Información Judicial, los camaristas advirtieron que "de aprobarse algunos de estos proyectos, puede paralizarse el sistema judicial". Sus principales preocupaciones son los cambios en el Consejo de la Magistratura -cuyos consejeros serían elegidos por voto popular-, la designación de personal y el manejo del presupuesto.
Lorenzetti también giró a Diputados la carta que recibió de los camaristas y aclaró: "Esta Corte tiene la obligación constitucional de abstenerse de opinar en temas que están en tratamiento del Congreso de la Nación o que puedan ser materia justiciable". Pero agrega que "en razón de que el planteo no se refiere a la valoración general de la reforma ni a la constitucionalidad de sus normas, es que esta Corte ha considerado prudente hacerlo conocer al Honorable Congreso de la Nación a fin de que, dentro de su competencia, considere estos aspectos de indudable interés institucional".
"Este cuerpo debe hacer referencia en estos días a la preocupación que nos provocan las reformas legislativas propuestas en cuanto disponen el traspaso de las facultades técnico-administrativas de la Corte Suprema de la Justicia de la Nación al ámbito del Consejo de la Magistratura, órgano que, de aprobarse el proyecto, será el encargado de fijar la política salarial, disponer la asignación de contratos a tribunales que lo requieren, designar magistrados subrogantes y ejecutar el presupuesto de este Poder del Estado", señala la carta de los camaristas. Los jueces también cuestionaron el sistema de selección de empleados.
La nota que fue remitida por el presidente y la vicepresidente de la Corte Suprema lleva las firmas de Gustavo Hornos (Cámara federal de Casación Penal); Patricia Barbieri (Cámara de Apelaciones en lo Civil); Bernabé Chirinos (Cámara federal de Apelaciones de la Seguridad Social); Carlos Compaired (Cámara federal de La Plata); Alberto Daniel Criscuolo (Cámara federal de apelaciones de San Martín); Alberto Dalla Vía (Cámara federal electoral); Cintia Gómez (Cámara federal de Paraná); Héctor César Guisado (Cámara nacional de apelaciones del Trabajo); Javier Leal de Ibarra (Cámara federal de Comodoro Rivadavia); Mariano Roberto Lozano (Cámara federal de General Roca); Graciela Medina; Néstor Luis Montezanti (Cámara federal de Bahía Blanca); Roberto Julio Naciff (Cámara federal de Mendoza); Ana Victoria Order (Cámara federal de Resistencia); Luis Roberto Rueda (Cámara federal de apelaciones de Córdoba); Ricardo Mario Sanjuan (Cámara federal de apelaciones de Tucumán); Selva Angélica Spessot (Cámara federal de apelaciones de Corrientes); Mirta Delia Escanata (Cámara federal de apelaciones de Posadas), entre otros.
Las consideraciones de los camaristas fueron analizadas anoche por la Presidente, el secretario de Legal y Técnica, Carlos Zannini, y un grupo de legisladores del FpV, donde se tomó la decisión de aceptar modificaciones en los proyectos. En principio, sólo se producirían en el referido al Consejo de la Magistratura.
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