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Los diputados argentinos, Manuel Garrido y Graciela Ocaña, presentarán esta semana una denuncia en Uruguay –ante la Justicia especializada en Crimen Organizado– para que se investiguen las presuntas actividades de lavado de dinero que involucran a empresarios allegados al expresidente Néstor Kirchner y a empresas que figuran con sede en Montevideo.
Esos legisladores presentaron ayer una denuncia penal en su país donde se menciona que en el tráfico ilegal de activos hacia Suiza aparecen compañías con domicilio en Uruguay, concretamente en Luis A de Herrera 1248, en el complejo World Trade Center, dijo a El Observador la diputada Ocaña.

Ahora, Garrido y Ocaña, presentarán una denuncia en Uruguay para que la Justicia investigue la ruta del dinero K y a su vez solicitarán que “se bloqueen los fondos” de directores y empresas cuya lista se presenta al juzgado, según una copia de la denuncia a la que accedió El Observador.

El periodista Jorge Lanata informó que el empresario Lázaro Báez, allegado al difunto expresidente Kirchner, reconoció ante la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) que fue en Uruguay donde obtuvo el dinero para capitalizar a su empresa, la constructora Badial SA. Dijo que el dinero lo transportó desde Uruguay en bolsos deportivos, en avión y en un barco de Buquebús.

Los legisladores argentinos presentarán la denuncia mañana para que se investigue en Uruguay la posible comisión del lavado de activos, y solicitarán al Banco Central del Uruguay que indague una serie de nombres y personas jurídicas, “en especial a la empresa Reloway Company SA desde el primero de enero de 2003”, para conocer sus movimientos financieros.
También pedirán “el inmediato bloqueo de los fondos que existan en cuentas o cualquier otro tipo de productos financieros en los que conste la intervención de las personas físicas o jurídicas mencionadas en el escrito”.

La lista de empresas a ser investigadas está integrada por: Reloway Company; Badial SA; Teegan Incorporated, SGI Argentina SA; Austral Construcciones SA, Bursátil Sociedad de Bolsa SA, ATC Argentine Trust Company SA; Vanquish Capital Group SA; Organización de Asesoramiento y Consultora Internacional SA; Asesores empresarios Corp. SA; y Dalmaran. Algunas de ellas tienen domicilio en Uruguay y otras en Argentina.

Entre las personas denunciadas figuran Julio de Vido (ex ministro del gobierno de Kirchner y actual ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios), Lázaro Báez (empresario kirchnerista) y sus hijos Martín y Leandro; el financista Leonardo Fariña (esposo de la modelo Karina Jelinek); Daniel Pérez Gadín, administrador de las cuentas del hotel Alto Calafate, propiedad de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner; y Federico Elaskar, de la financiera SGI, que está bajo sospecha de ser la fachada del lavado de dinero.

En la denuncia judicial presentada en Argentina por Ocaña y Garrido, en base al programa del periodista Lanata, se afirmó que el dinero llegaba al aeropuerto San Fernando (provincia de Buenos Aires) “donde no había control policial ni aeroportuario de ningún tipo y allí se descargaba”. “Luego el dinero era llevado a la República Oriental del Uruguay desde donde era girado a cuentas en paraísos fiscales”, sostuvo el documento.

Fuentes judiciales dijeron a El Observador que para investigar en Uruguay un caso de lavado de dinero, primero debe haber un “delito precedente”, como contrabando. Por el momento, la Justicia no tiene elementos para poder actuar de oficio (ver nota aparte).

El secretario nacional antilavado, Carlos Díaz, dijo el viernes a El Observador que en Uruguay se está “atento” a las denuncias formuladas en el programa Periodismo Para Todos, pero acotó que por ahora “no hay mérito” para abrir una investigación.
Según supo El Observador, la maniobra para traficar dinero pudo haber involucrado a casas de cambio con oficinas en Montevideo y en Buenos Aires.

Reclamo
A nivel político, la oposición reclamó que se investigue si hubo lavado de dinero en Uruguay. Por ese tema, los ministros Fernando Lorenzo (Economía) y Eleuterio Fernández Huidobro (Defensa) fueron convocados por el diputado José Carlos Cardoso a la comisión parlamentaria sobre lavado. Por su parte, el líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, escribió en su cuenta de twitter que las denuncias, lejos de ser infamias –como lo afirmó la senadora Lucía Topolansky– “obligan a nuestro gobierno a investigar”.

En tanto, el diputado colorado Juan Manuel Garino cursó varios pedidos de informes para saber si el Banco Central inició alguna investigación para determinar la veracidad de la denuncia surgida en Argentina. Otro pedido fue para el Ministerio del Interior para saber si recibió alguna denuncia al respecto y también reclamó datos a Aduanas y al Ministerio de Defensa. En ese último caso reclamó que se especifiquen detalles de vuelo del avión matrícula LVZSZ en el cual, según Lanata, el empresario Lázaro Báez se trasladó hacia Uruguay. El legislador también consultó sobre los controles realizados al avión, su carga y las personas y pilotos que llegaron al país por esa vía.