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A pesar de no haber cuestionado la Ley de Medios ante la Justicia como lo hizo Clarín, y de haberse, gracias a esta decisión, ahorrado varios millones de pesos en abogados, el resto de los medios alcanzados por la norma se sigue beneficiando de los fallos que hasta ahora vienen frenando su aplicación. Por lo menos, en lo que se refiere a la obligación de vender, ceder o transferir licencias o frecuencias de radios, canales de televisión o señales de cable.

El jueves pasado, la Cámara Civil y Comercial extendió la cautelar que suspende la aplicación de dos artículos medulares de la ley (45 y 161) y le dio mas tiempo a Clarín en su demanda contra la norma sancionada por el Congreso en octubre de 2009.

El marco jurídico señala que la inconstitucionalidad de una ley rige sólo para quien la cuestiona en Tribunales y logra un fallo favorable. Sin embargo, es probable que a Telefe; al Grupo UNO de Daniel Vila y José Luis Manzano; a los cordobeses de Cadena 3; a Cristóbal López y a otros empresarios locales también los alcance la prolongación del juicio que derivará en una decisión final de la Corte Suprema.

En varias de estas empresas reconocieron ante El Cronista que sería “justo” y “lógico” que el Afsca congele los planes de adecuación voluntaria. “Entregamos la propuesta en tiempo y forma, pero la justificación utilizada para aplicar el 7 D a todos también se puede utilizar ahora al revés”, sostuvieron.

“Es de esperar que el Afsca no aplique los plazos voluntarios, porque sería injusto que todos tengamos que vender o transferir licencias y Clarín no”, cuestionaron en otro grupo con fuerte presencia en el interior.

Siempre off the record, para evitar enojos, los consultados coincidieron en que no deberían regir los plazos. “Tiene que haber igualdad de condiciones, mas allá de que haya sido uno sólo el que eligió el camino judicial”, agregaron en otro grupo.

Por eso esperan que hoy el directorio del Afsca notifique oficialmente que postergará los 120 días que se habían establecido como plazo para analizar las propuestas de adecuación.
Recuerdan que el organismo adoptó ese criterio cuando la Corte Suprema llevó los tiempos al 7 de diciembre, a pesar de que el mismo tribunal había dicho que el plazo había vencido el 28 de diciembre de 2011.

Citan además al propio Martín Sabbatella, quien dijo que el espíritu del Afsca es que nadie tenga diferencias y que las reglas sean iguales para todos. Por lo tanto, consideran que si la desinversión de oficio quedó congelada, la adecuación voluntaria tampoco debe regir.

Es que el fallo del jueves le frenó a la Casa Rosada su anhelo de quitarle varios medios a Clarín con la excusa de que el grupo excede el cupo fijado por ley.

De todos modos, el paraguas judicial no protegerá al resto de los grupos durante todo el camino que el juicio recorrerá hasta llegar a la Corte Suprema.

El plan oficial es que una vez que el juez civil y comercial N´ 1, Horacio Alfonso, emita su fallo que se supone favorable al Gobierno, el Afsca volverá a la carga. También esperan que la Corte declare admisible la apelación. Es decir, a que caiga la cautelar. Así retomarán el plan de concursar las licencias de Clarín de manera compulsiva.

Con un fallo del juez Alfonso acorde a los designios K, el Afsca volverá a insistir en que sólo Clarín rechaza la constitucionalidad de la Ley de Medios.

Si bien ese fallo será apelado por Clarín y pasaría a la Cámara Civil y luego a la Corte Suprema, el Gobierno no quiere esperar para retomar la embestida contra Cablevisión, TN, Canal 13 o Radio Mitre. Quiere volver a instalar la idea de que un fallo en primera instancia es suficiente, mas allá de que sea una equivocada concepción jurídica. Es que saben que las apelaciones extenderán el debate por lo menos por dos años más. Y aseguran que de ser así, será imposible aplicar la ley.

Por eso apuestan al juez Alfonso, quien desde el 25 de septiembre está en condiciones de emitir opinión. De hecho ya tiene los resultados de las pericias oficiales (económica, tecnológica y contable).

Habrá que ver cómo las interpreta el magistrado ya que todas ofrecieron resultados contrarios al Gobierno.

Una de las conclusiones se refiere a los límites impuestos a la producción de canales de cable que no usan espectro radioeléctrico y, por lo tanto no están restringidos tecnológicamente. Según la pericia oficial, no tiene beneficio alguno en términos de competencia, ni de producción de contenidos. Por el contrario, puede restringirlas.

Otra conclusión advierte que impedir a los medios una dimensión que les permita ser sustentables y prescindir de la pauta oficial puede condicionar su viabilidad y su independencia editorial. Se sostiene también que ser dueño de un cable y un canal de TV abierta en la misma área no afecta la competencia. Las pericias coinciden en que fragmentar artificialmente una gran red de cable en 24 localidades, mientras otros prestadores pueden cubrir todo el país, afecta la competitividad y perjudica el servicio. Lo encarece al impedirle tener sinergias o economías de escala, y lo torna más atrasado tecnológicamente. Esto también afecta al cablemodem (Internet) frente al ADSL de sus competidores, las telefónicas.
La atomización de Fibertel le impedirá mejorar en velocidad y ancho de banda y por lo tanto competir en igualdad de condiciones. Sobre la retroactividad del artículo 161 que quita licencias que tiene otros 10 o 12 años más de vigencia hace que el grupo afectado (Clarín) no pueda recuperar las millonarias inversiones que se realizaron en esos medios.