El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), uno de los organismos históricos vinculados al desarrollo científico y productivo del campo argentino, atraviesa un escenario de fuerte incertidumbre. A los reclamos por salarios atrasados y las renuncias de trabajadores en distintas áreas, ahora se suma un nuevo esquema de retiros voluntarios que encendió la alarma entre los empleados del organismo.
En una entrevista realizada por LT10, el secretario general de APINTA, Paulo García, denunció un "vaciamiento" del instituto y sostuvo que el Gobierno nacional busca reducir drásticamente la planta de trabajadores, además de avanzar sobre bienes y tierras de la institución.
Deterioro salarial y pérdida de personal
"La situación del INTA no es diferente a la que están atravesando las universidades y todos los organismos públicos", aseguró García al comenzar el diálogo. Según explicó, el deterioro salarial golpea con fuerza a los empleados estatales y ya provocó renuncias y salidas anticipadas. "En este último Gobierno perdimos algo así como el 30% del poder adquisitivo del salario", afirmó.
El dirigente recordó que el INTA fue creado en 1956 con el objetivo de desarrollar ciencia y tecnología aplicada al agro argentino. "Se fundó para desarrollar, mediante la ciencia y la técnica, la producción nacional, mejorar las variedades, la genética animal y todo lo vinculado al desarrollo agropecuario", señaló.
El impacto en la provincia de Santa Fe
Durante la charla, García remarcó la importancia estratégica que tiene el organismo para provincias productivas como Santa Fe. "Acompaña al agronegocio, pero también a los productores familiares o de pequeña escala; los chacareros, que son tan importantes en la historia santafesina", sostuvo.
Según indicó, el primer plan de retiros voluntarios ya provocó la salida de más de 300 trabajadores en todo el país. Sin embargo, advirtió que el objetivo oficial sería reducir la planta total de aproximadamente 6.500 empleados a 4.500. "La decisión política era que había que achicar o achicar", afirmó el gremialista.
En la provincia, el INTA cuenta actualmente con tres estaciones experimentales ubicadas en Rafaela, Oliveros y Reconquista. Allí trabajan cerca de 295 personas entre profesionales, técnicos y personal de apoyo. Aunque todavía no hay cifras definitivas sobre cuántos podrían aceptar el nuevo retiro voluntario, García estimó que el ajuste buscaría recortar cerca de un 30% de la planta local.
Preocupación por las tierras y el desarrollo
"El problema es la capacidad técnica y la materia gris que hay puesta ahí", alertó el dirigente. Y agregó: "Muchos se van a otros sectores con lo que cuesta, en tiempo y recursos, formar toda esa capacidad instalada".
El referente de APINTA también cuestionó las decisiones vinculadas a la venta de propiedades del organismo y aseguró que existe preocupación por el destino de esos fondos. "Se empezó con un plan de vaciamiento donde se comenzaron a vender propiedades y tierras que pertenecen al INTA", denunció.
En ese sentido, mencionó la venta del edificio de la calle Cerviño (en Buenos Aires) y afirmó que "no se sabe a dónde fue el dinero". Además, advirtió sobre proyectos para desprenderse de miles de hectáreas pertenecientes al organismo en distintos puntos del país.
Para García, el impacto del ajuste excede al propio instituto y puede afectar directamente al desarrollo productivo nacional. "Sin acompañamiento técnico y sin investigación, lo que se viene es una primarización de la economía, cada vez más acentuada y con menos mano de obra", sostuvo.
Hacia el final de la entrevista, insistió en la necesidad de fortalecer al INTA y defender su rol histórico en el interior productivo. "Creo que hay que fortalecerlo para que desarrolle las economías y haya más trabajo en los territorios. Lo importante es que la gente se quede en su lugar y pueda desarrollarse ahí", concluyó.