El ministro de Seguridad, Raúl Lamberto, entregó hoy formalmente al Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec), los datos estadísticos de delitos contra la propiedad y las personas registrados en la provincia desde 2008 a 2011 inclusive.
Del acto, llevado a cabo esta mañana en la sede de la cartera provincial de Seguridad, participaron también los secretarios de Seguridad Pública, Matías Drivet, y de Investigación y Prevención de Delitos Complejos, Ana Viglione; el subsecretario de Seguridad Pública (Zona centro – norte), Diego Poretti; y el director provincial del Ipec, Jorge Moore, entre otras autoridades.
En la oportunidad, Lamberto explicó que la entrega del documento obedeció a “una decisión del gobernador (Antonio Bonfatti) y forma parte de una política para una seguridad democrática”.
“Nos parece que se trata de una información valiosa e importante –añadió el ministro– y esperamos que sirva a investigadores y personas que hacen análisis criminal para que puedan contar con estadísticas fidedignas, contribuyendo a mejorar la política en esa materia”, indicó.
“Los datos volcados en el informe respetarán y profundizarán el nivel de información previo a 2007, a fin de que se pueda establecer una comparación. Además, se sumaron categorías delictuales y se dividieron otras a fin de que sea posible verificar la evolución de las tendencias y su relación a lo largo del tiempo con mayor nivel de detalle”, destacó Lamberto.
“De esta manera, el gobierno provincial continúa afianzando su compromiso con la transparencia”, concluyó el titular de la cartera de Seguridad.
A su turno, Moore destacó el trabajo realizado por los integrantes del gabinete de Seguridad en materia de recolección de datos, y señaló que “este hecho constituye una prueba fiel de la decisión del gobierno de transparentar el acceso público a la información, que nosotros volcaremos después en la página”.
El contenido de la carpeta entregada al Ipec incluye los datos referidos a los hurtos y hurtos calificados, robos y robos calificados, sustracción de motovehículos y automotores, secuestro de armas de fuego, heridos de arma blanca y de fuego y homicidios dolosos, registrados por unidad regional y por mes desde 2008 a 2011 inclusive.
Participaron también del encuentro la subsecretaria Legal y Técnica del Ministerio de Seguridad, Claudia Lassaga; el jefe y subjefe de Policía, Cristian Sola y José Luis Romitti, respectivamente; además de legisladores provinciales y autoridades locales.
COMISIÓN ESPECIAL DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
Posteriormente, se realizó la primera reunión de la Comisión Especial de Salud y Seguridad en el Trabajo del Ministerio de Seguridad. La comisión –presidida por el ministro Lamberto– por los representantes de la Policía, Osvaldo Grill, del Servicio Penitenciario, Humberto Orsi, y del Ministerio de Seguridad, Virginia Alomar, Diego Poretti y Claudia Lassaga.
La Comisión Especial de Salud y Seguridad en el Trabajo se constituyó a partir de la Resolución Ministerial Nº 0667, y tiene como objetivo la elaboración de un proyecto de constitución y reglamento de una Comisión Especial de Salud y Seguridad en el Trabajo, integrada por representantes del Poder Ejecutivo.
Una vez conformado este órgano, el mismo tiene a su cargo la elaboración de los programas y acciones de prevención que mejoren las condiciones y medio ambiente laboral del personal de las fuerzas de seguridad –policial y penitenciaria–, que respete los estándares mínimos de protección y exigencias básicas para las buenas prácticas de salud y seguridad en el ámbito laboral.
La comisión posibilitará la participación, el debate y elaboración de políticas laborales que garanticen la prevención de accidentes y enfermedades del trabajo.
POLÍTICA DE “SEGURIDAD DEMOCRÁTICA”
La entrega al Ipec del documento con datos estadísticos de delitos contra la propiedad y las personas y la reunión de la Comisión Especial de Salud y Seguridad en el Trabajo se inscriben dentro de las ocho medidas anunciadas por el gobierno provincial para una política de “seguridad democrática”.
El resto de las medidas refieren a la reforma estructural de la Policía provincial; el establecimiento de una sanción administrativa específica, en caso de justificación insuficiente de aumento patrimonial; el tema de las carpetas médicas; la constitución de un equipo multidisciplinario de contención del personal policial y su familia; y el traspaso al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la función de otorgamiento de constancias administrativas que, actualmente, realiza la Policía.
Algunas de estas medidas serán implementadas por decreto del gobernador, otras por resolución del Ministerio de Seguridad y las restantes por la vía legislativa, sentando de esta manera las bases de un amplio consenso que permita –en forma gradual y ordenada– lograr las transformaciones estructurales para una política de seguridad democrática.
El encuentro se extendió por más de dos horas y media en Casa Rosada. El Presidente abrió la reunión con un panorama general y luego el jefe de Gabinete repasó el plan de gestión 2026/27.