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El Centro de Implementación de Políticas Públicas para la Equidad y el Crecimiento (Cippec) efectuó un relevamiento sobre el comportamiento del Estado nacional y de las provincias durante los cinco años de vigencia de la ley de financiamiento educativo (2005-2010).

De allí surge que del 100% del total del presupuesto educativo, las provincias sólo destinan el 3% a bienes y servicios, 3% a gastos de capital y 2% a otras transferencias al sector privado.

La inversión educativa provincial se destina en un 92% al pago de salarios de docentes y personal auxiliar, mientras que es el Estado nacional el que afronta una importante proporción del gasto en infraestructura escolar, que incluye -por ejemplo- la distribución de computadoras portátiles.

Éste es el aspecto más delicado de la ley de financiamiento educativo, que estuvo en vigencia en la Argentina entre 2005 y 2010 y que permitió a nivel global un crecimiento del presupuesto que la Nación y las provincias destinaron al sector. De ese 92%, el 13% son transferencias salariales al sector privado de la educación distrital.

Hasta 2005, Argentina destinaba el 4% del producto bruto interno (PBI) a la educación y lo elevó en cinco años al 6,2%. Esta variación presupuestaria contribuyó a que la Argentina pasara del puesto 81 en el ranking mundial de inversión educativa en relación con su riqueza al actual 19. Sin embargo y pese a los esfuerzos efectuados tanto por el Estado nacional como por los 24 distritos del país, aún persisten brechas entre las provincias.

El informe fue dirigido por el investigador principal de la institución, Axel Rivas, junto con Florencia Mezzadra y Pablo Blezem.

"A pesar de que la ley posibilitó un gran aumento en el financiamiento del sector, no logró disminuir las desigualdades en la inversión, ya que los mecanismos previstos no resultaron suficientes para compensar la inequitativa distribución de los recursos fiscales", afirmó Mezzadra, codirectora del programa de Educación de Cippec.