A la espera de la convocatoria oficial para iniciar las negociaciones por la reforma del impuesto a las Ganancias que la presidenta Cristina Fernández prometió poner en marcha en 2013, la CGT que conduce Antonio Caló ya definió el borrador con los cambios que impulsará para reducir la carga del tributo sobre los salarios de los trabajadores en relación de dependencia, una propuesta que –anticipan desde la entidad– tendrá un costo fiscal de entre $ 8.000 y $ 10.000 millones anuales.
La intención de la central más cercana a la Casa Rosada apunta a que la reforma de Ganancias termine definirse entre febrero y marzo, previo al inicio de la nueva ronda de paritarias, y que, en paralelo a los cambios de fondo en el sistema, se disponga un incremento inicial del 20% en el denominado mínimo no imponible del tributo.
Según adelantaron fuentes sindicales, la propuesta que la CGT llevará a la negociación con el Gobierno y que fue elaborada a partir del asesoramiento del ex titular de la AFIP Alberto Abad y otros ex técnicos del organismo, implicará para el Estado un costo anual cercano a los $ 10.000 millones. Esa cifra contemplaría la suba inicial del mínimo no imponible, el ajuste automático de ese piso por un índice basado en la evolución de los salarios y la recaudación, y la modificación integral de las actuales alícuotas y escalas salariales que determinan los descuentos del tributo.
“La apuesta es por una reforma integral que ajuste automáticamente el mínimo para no tener que discutir todos los años el aumento y que modifique las escalas” de forma de reducir la carga del impuesto sobre los salarios más bajos (piso que rondaría los $ 20.000), confió un dirigente de la entidad que lidera Caló.
En la central aseguran que el Gobierno tiene margen para hacer frente al costo que representaría una reforma como la que imaginan. “Hay algunos lugares donde rascar la olla, pero no es nuestra responsabilidad decidir eso, lo tiene que resolver el Gobierno”, afirmó el gremialista.
Sin embargo, en voz baja los sindicatos deslizan algunas alternativas. Una de ellas plantea la posibilidad de gravar con Ganancias los salarios de los miembros del Poder Judicial, actualmente exceptuados del tributo, lo que –según calculan– representaría para el fisco un ingreso cercano de $ 1.200 millones, o la eliminación de exenciones impositivas en Tierra del Fuego, que acumulan alrededor de $ 13.000 millones anuales. También mencionan la posibilidad de recortar algunos subsidios no esenciales, pero desestiman la posibilidad de avanzar en un esquema destinado a gravar la renta financiera. “Es un tema muy complejo, no nos metemos con eso”, advirtieron desde la central.
Si bien hasta ahora solo hubo algunos contactos informales, los gremios esperan para las próximas semanas el inicio de las negociaciones formales por Ganancias con el titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. La comisión gremial está compuesta por representantes de los sindicatos de Smata, UPCN, Sadop, petroleros privados y capitanes de ultramar.
En paralelo, cerca de Caló se entusiasman con un próximo encuentro con el titular de la ANSeS, Diego Bossio, con el propósito de discutir nuevos cambios al actual esquema de asignaciones familiares. En la entidad advierten que las modificaciones instrumentadas por el Ejecutivo en septiembre pasado provocaron “distorsiones” que en algunos casos perjudicaron los ingresos de los trabajadores.
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