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Hoy - Tras la vinculación de Tognoli con el narcotráfico
Lunes 22 de Octubre de 2012 - 21:24 hs
Lifschitz: “No hay que hacer del tema policial un tema político”
El senador por el Departamento Rosario consideró que es necesario generar un Plan Integral de reformas en el sistema de seguridad con amplio consenso político y social que avance en la dirección establecida por el gobierno provincial.
Luego de que el ex jefe de la Policía, Hugo Tognoli, se entregara y quedara a disposición de la Justicia, el senador por el Departamento Rosario expresó que se abre la necesidad de retomar la iniciativa en materia de seguridad.
En ese sentido, el gobierno provincial cuenta con el consenso social y la legitimidad política para profundizar el camino iniciado en materia de seguridad convocando a todos los sectores a compartir y acompañar lo que debe ser una auténtica política de estado. “No se trata ahora de tomar medidas efectistas pero de corto alcance, ni de aislarse ante la presunción de alguna operación orquestada desde afuera, sino de aprovechar la oportunidad para generar un Plan integral de reformas en el sistema de seguridad con amplio consenso político y social, que avance en la dirección ya establecida por el gobierno de la Provincia”, sostuvo Lifschitz.
El senador, además, consideró que un primer paso debe ser reconocer las dificultades de la situación actual, que se caracteriza por una marcada falta de confianza de la sociedad en la Policía y la sospecha generalizada, que se sustenta en casos ya comprobados, de complicidad entre integrantes de la fuerza policial con redes delictuales vinculadas al tráfico de drogas y la trata de blancas, entre otros temas. En ese escenario, se desenvuelve el accionar de las bandas y redes mafiosas en una disputa por el territorio y los negocios ilegales, actuando con un nivel de violencia y sofisticación no conocidas hasta ahora en la provincia de Santa Fe. Además, los hechos de violencia que se han sucedido en los últimos tiempos generan un clima de inquietud y temor en la población.
Por todo ello, “no es momento de disputas entre distintos organismos estatales, ni de competencia entre agencias de seguridad, sino de aunar esfuerzos y establecer objetivos comunes”, afirmó Lifschitz al tiempo que sostuvo que “hoy está la oportunidad de concretar un cambio en materia de políticas de seguridad que puede incluso, plasmar un nuevo paradigma en la Argentina, porque si de algo podemos estar seguros es que lo que ocurre en Santa Fe no es distinto de lo que ocurre en la mayoría de las provincias del país.
La competencia y la responsabilidad primaria de prevenir, combatir, investigar y juzgar los delitos vinculados a la tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes es de los organismos de seguridad nacionales y de la Justicia Federal en todo el territorio nacional, incluida la provincia de Santa Fe.
El legislador manifestó que los pasos a seguir los deben definir el gobernador y el ministro de Seguridad y entre las medidas que pueden resultar apropiadas en esta instancia para recuperar la confianza social en las fuerzas policiales y dotar de un marco de consenso a las decisiones que se tomen, están:
Convocar a los Partidos Políticos con representación parlamentaria y a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para acordar las bases de una profunda reforma de la institución policial, que profundice el camino ya iniciado por el gobierno y construir un Plan de Acción que necesariamente debe incluir a las fuerzas de seguridad y a la Justicia.
Convocar a los legisladores nacionales de la provincia, a las autoridades nacionales y a la justicia federal para exigir presencia activa de las fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería, entre otras, y coordinación y articulación con las áreas provinciales respectivas, como también una mayor y más efectiva acción judicial.
Convocar al Consejo de Seguridad provincial para mantener informada a la sociedad y generar acuerdos sobre las acciones que se decidan.
Poner en marcha urgentemente la nueva justicia penal en la provincia.
Crear un organismo externo de control de la Policía.
En ese sentido, el gobierno provincial cuenta con el consenso social y la legitimidad política para profundizar el camino iniciado en materia de seguridad convocando a todos los sectores a compartir y acompañar lo que debe ser una auténtica política de estado. “No se trata ahora de tomar medidas efectistas pero de corto alcance, ni de aislarse ante la presunción de alguna operación orquestada desde afuera, sino de aprovechar la oportunidad para generar un Plan integral de reformas en el sistema de seguridad con amplio consenso político y social, que avance en la dirección ya establecida por el gobierno de la Provincia”, sostuvo Lifschitz.
El senador, además, consideró que un primer paso debe ser reconocer las dificultades de la situación actual, que se caracteriza por una marcada falta de confianza de la sociedad en la Policía y la sospecha generalizada, que se sustenta en casos ya comprobados, de complicidad entre integrantes de la fuerza policial con redes delictuales vinculadas al tráfico de drogas y la trata de blancas, entre otros temas. En ese escenario, se desenvuelve el accionar de las bandas y redes mafiosas en una disputa por el territorio y los negocios ilegales, actuando con un nivel de violencia y sofisticación no conocidas hasta ahora en la provincia de Santa Fe. Además, los hechos de violencia que se han sucedido en los últimos tiempos generan un clima de inquietud y temor en la población.
Por todo ello, “no es momento de disputas entre distintos organismos estatales, ni de competencia entre agencias de seguridad, sino de aunar esfuerzos y establecer objetivos comunes”, afirmó Lifschitz al tiempo que sostuvo que “hoy está la oportunidad de concretar un cambio en materia de políticas de seguridad que puede incluso, plasmar un nuevo paradigma en la Argentina, porque si de algo podemos estar seguros es que lo que ocurre en Santa Fe no es distinto de lo que ocurre en la mayoría de las provincias del país.
La competencia y la responsabilidad primaria de prevenir, combatir, investigar y juzgar los delitos vinculados a la tenencia, tráfico y comercialización de estupefacientes es de los organismos de seguridad nacionales y de la Justicia Federal en todo el territorio nacional, incluida la provincia de Santa Fe.
El legislador manifestó que los pasos a seguir los deben definir el gobernador y el ministro de Seguridad y entre las medidas que pueden resultar apropiadas en esta instancia para recuperar la confianza social en las fuerzas policiales y dotar de un marco de consenso a las decisiones que se tomen, están:
Convocar a los Partidos Políticos con representación parlamentaria y a la Corte Suprema de Justicia de la Provincia para acordar las bases de una profunda reforma de la institución policial, que profundice el camino ya iniciado por el gobierno y construir un Plan de Acción que necesariamente debe incluir a las fuerzas de seguridad y a la Justicia.
Convocar a los legisladores nacionales de la provincia, a las autoridades nacionales y a la justicia federal para exigir presencia activa de las fuerzas de seguridad nacionales como Gendarmería, entre otras, y coordinación y articulación con las áreas provinciales respectivas, como también una mayor y más efectiva acción judicial.
Convocar al Consejo de Seguridad provincial para mantener informada a la sociedad y generar acuerdos sobre las acciones que se decidan.
Poner en marcha urgentemente la nueva justicia penal en la provincia.
Crear un organismo externo de control de la Policía.
Fuente: prensa Lifschitz/LT10
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