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El juez de Sentencia Dardo Rosciani absolvió de culpa y cargo a dos guardiacárceles y a dos ex jefes de la Unidad Penal 1 de Coronda, que estaban imputados por la masacre ocurrida el 11 de abril de 2005, en la que fueron asesinados a sangre fría 14 presos, la mayoría de ellos oriundos del sur de la provincia, quienes estaban alojados en el sector de “los rosarinos”. Los cuatro beneficiados por la decisión judicial eran los últimos imputados que quedaban en el expediente judicial en el que se intentó establecer la responsabilidad de los funcionarios en la matanza. Además, el juez cuestionó al actual servicio penitenciario “por estar desquiciado” y porque no cumple con los requisitos y máximas constitucionales

El fallo está fechado el 28 de septiembre pasado y fue la última decisión judicial firmada por Rosciani, ya que después de ésa resolución inició los trámites jubilatorios.

Los absueltos fueron los guardiacárceles Eduardo Marchesín y Oscar Yosviak y los ex jefes del penal Oscar Mansilla y Carlos Monti.

Yosviak y Marchesín estaban imputados como probables autores de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con homicidio culposo, agravado en catorce oportunidades, en concurso ideal.

Mansilla estaba acusado de “incumplimiento de los deberes de funcionario público, en concurso ideal, con homicidio culposo en cuatro oportunidades”. Mientras que Monti enfrentaba cargos por los delitos de homicidio culposo agravado en cuatro oportunidades en concurso ideal.

En la resolución judicial, Rosciani recordó que el 11 de abril de 2005 fueron asesinadas 14 personas en lo que denominó una jornada sangrienta que comenzó a las 18 horas, cuando un grupo de presos del pabellón 7 tomó como rehenes a los celadores Yosviak y Marchesín, oportunidad en la que los reclusos ganaron los espacios de los pabellones 1, 3, 9 y 11, conocidos como “de los rosarinos”.

Yosviak fue entregado con vida a las 2 de la madrugada siguiente y una hora más tarde los presos liberaron a Marchesín. De los 14 muertos, uno era oriundo de Villa Constitución, otro de Berazategui (Buenos Aires), y el resto de Rosario. Ocho de los asesinados pertenecían al pabellón 11, donde estaban alojados los denominados “presos sin códigos, que no respetaban la visita sagrada”.

Para el juez, “en este contexto, y sin connivencia del personal penitenciario, se sucedieron los hechos que dieron lugar a las acusaciones”.

“No puedo dejar pasar por alto que las indagatorias rayaron la violación del principio constitucional del derecho a defensa en juicio, desde que adolecen de precisiones respecto de cuáles son exactamente las omisiones profesionales y funcionales que implicaba, por ejemplo, autorizar a un empleado a ir al baño (como lo hace Yosviak, que le dice antes de la revuelta a Marchesín: «bajo al baño porque me estoy cagando»)”, sostiene el fallo.

Para el magistrado, Yosviak no tuvo conducta dolosa cuando abandonó el puesto y fue al baño ese 11 de abril fatídico. En cuanto a Monti, el juez cree que no puede ser condenado por haber ordenado al grupo especial de represión el retiro de las posiciones del lugar que ocupaban y que impedían el ingreso del pabellón 1. “No puede ser eso la causa de la muerte de los 4 internos asesinados en ese pabellón. Monti tomó esa decisión condicionado por el inminente peligro de muerte al que estaban expuestos sus compañeros, en otras palabras, no actuó con libertad”, sostuvo.

Rosciani cuestionó además al actual servicio penitenciario “por estar desquiciado” y porque no cumple con los requisitos y máximas constitucionales. “Cuando algo grave ocurre, en cualquiera de los ámbitos públicos, se intenta hacer prevalecer el viejo dicho que «el hilo se corta por lo más delgado». Al menos en este caso, no formaré parte de la tijera inmoral que hace vigente dicho refrán”.