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En un intento por contener la presión sindical por el reclamo de fondos para las obras sociales y frenar la ola de juicios contra el Estado impulsados por el moyanismo, la presidenta Cristina Fernández tiene previsto anunciar el próximo viernes 7 de septiembre la puesta en marcha de un nuevo sistema informático destinado a “agilizar y transparentar” el pago de reintegros a las prestadoras gremiales por los tratamientos médicos de alta complejidad. Si bien solo está confirmado el lanzamiento del denominado “Sistema Único de Reintegro”, que suplantará los mecanismos operativos de la disuelta Administración de Programas Especiales (APE) que acumularon en el último año una deuda de $ 2.000 millones con las obras sociales por atrasas en el pago de reintegros, entre los referentes de la CGT antimoyanista se entusiasmaron ayer con la posibilidad de que en el acto se anuncie también la distribución de fondos a sus prestadoras médicas.

Con el objetivo de obtener alguna precisión sobre los anuncios que prepara la Casa Rosada, un grupo de dirigentes del sector sindical enfrentado a Hugo Moyano tiene previsto mantener hoy un encuentro con la superintendenta de Salud, Liliana Korenfeld, la funcionaria encargada de la administración de los recursos destinados a las obras sociales. “Vamos a tener una conversación para conocer algunos detalles del nuevo sistema, pero sobre todo a la espera de respuestas por los reclamos que presentamos al Gobierno por los fondos adeudados”, explicó a este diario uno de los referentes del antimoyanismo que participará del encuentro con la funcionaria.

Los gremios ya rechazaron de plano una propuesta acercada por la Superintendencia de Salud que contemplaba el pago a las obras sociales del 17% de los fondos adeudados por atrasos de reintegros (un total de $ 340 millones sobre un total de $ 2.000 millones) a cambio de no iniciar demandas judiciales contra el Gobierno. Los antimoyanistas optaron por continuar la negociación con Korenfeld para lograr destrabar mayores fondos y hasta propusieron reducir del 15% al 10% la deducción que aplica el Estado sobre los aportes destinados a las obras sociales.

En cambio, en medio de su ofensiva política contra la administración kirchnerista, la CGT que lidera el camionero optó por profundizar la vía judicial y promocionar una catarata de demandas para exigir el pago de los millonarios fondos adeudados. Al respecto, el moyanismo informó ayer que ya son 12 las obras sociales sindicales que iniciaron juicios contra el Estado por esa deuda, entre los que figuran Camioneros y Uatre, aunque por el momento ningún juez se declaró competente para tramitar esas demandas. “El Gobierno retiene ilegítimamente el 93% de los aportes que los trabajadores realizan para sus obras sociales”, denunció el dirigente Omar Plaini (canillitas).