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El kirchnerismo convirtió ayer en ley el proyecto para expropiar la ex Ciccone Calcográfica por 145 votos a favor y 78 en contra en la Cámara de Diputados, y coronó así un trámite veloz que insumió apenas dos semanas en el Congreso. La presunta vinculación de Amado Boudou con los dueños de la imprenta volvió a concentrar las críticas de los legisladores opositores, que se refirieron al Vicepresidente como “mentiroso”, “corrupto”, “otario”, “pirata del asfalto” y “advenedizo”, entre otros calificativos.

El Frente para la Victoria no pasó sustos para llegar al quórum y logró en la votación los apoyos de Felipe Solá y los dos diputados que responden, los tres de Proyecto Sur, y cuatro de los legisladores del Frente Amplio Progresista (FAP) alineados con el cordobés Luis Juez; quienes recibieron reiterados cuestionamientos de parte de los opositores que rechazaron el proyecto. Entre ellos, la UCR, el Frente Peronista el resto del FAP, el PRO y la Coalición Cívica.

Con la sanción de la ley, el Poder Ejecutivo quedó formalmente habilitado para expropiar la imprenta dirigida por Alejandro Vandenbroele y rebautizada como Compañía de Valores Sudamericana, que quedará ahora bajo el control de la Casa de la Moneda. La presidenta de ese organismo, Katya Daura, tiene estrecha relación con Boudou.

Anticipando que la sesión se centraría en la figura del vice, la kirchnerista Diana Conti abrió el debate anticipando “un show en el que siguiendo como borregos al señor (Héctor) Magnetto” la oposición hablaría de Boudou. Y enfatizó el principal argumento del kirchnerismo al subrayar que diputados opositores de la UCR presentaron proyectos similares al oficial.

El radical Fabián Rogel recogió el guante para advertirle que el proyecto de su bloque no planteaba la intervención de la empresa y que además pedía investigar al vice. Además, se desmarcó del CEO del Grupo Clarín: “Lo volteó a (Raúl) Alfonsín. Es enemigo de las grandes causas nacionales y populares”, apuntó, y se ganó el aplauso de la bancada oficialista.

El discurso más duro, de todas formas, llegó con la intervención de Elisa Carrió. “No hay dudas de que el señor Amado Boudou es el propietario y que tiene como rehenes a todo el Frente para la Victoria. Esa es la sonrisa de Boudou en el Senado. Sabe que no va solo”, sostuvo. Cargó también contra la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, sus pares en la Cámara baja, los jueces de Comodoro Py y el fiscal de la causa Ciccone, Jorge Di Lello.
Sorpresivamente, el juecista Ernesto Martínez –que apoyó la expropiación– también acribilló a Boudou.

“Abrigo la certeza absoluta de que es un pirata del asfalto, motoquero, advenedizo”, lanzó antes de admitir que su bancada pagará “un alto costo político” por apoyar el proyecto oficial.

Con palabras menos duras, también el resto de los opositores que acompañaron al oficialismo cuestionaron al vice. “La expropiación no interviene en el proceso judicial”, garantizó Fernando ‘Pino‘ Solanas.

El Frente para la Victoria intentó, en vano, reencauzar el debate hacia la expropiación de la imprenta propiamente dicha. “Estamos declarando la utilidad pública, no estamos en la causa del juez (Ariel) Lijo ni del fiscal Di Lello”, exhortó el riojano Jorge Yoma. Pero la discusión siguió su curso.

El peronista Gustavo Ferrari le reclamó al oficialismo respetar la inviolabilidad de la propiedad privada. “Todos estamos, respecto de nuestra propiedad privada, a tiro de DNU”, advirtió.

Por el PRO, Laura Alonso insistió en que “Boudou es un funcionario corrupto” y además “mentiroso”. “Se dedicó a aceitar los contactos para que la empresa de sus testaferros obtenga contratos”, cuestionó. Y el radical Ricardo Gil Lavedra consideró “risible y poco serio que piensen que esta ley va a ser conocida como la soberanía monetaria”. “Va a ser conocida como la ley Boudou, la ley Ciccone”, vaticinó.

Al cerrar la discusión, el jefe del bloque kirchnerista Agustín Rossi cuestionó las “denuncias de corrupción que se hacen al voleo sin ningún sustento ni fundamentación” y acusó a la oposición de “hacerle el juego a sectores corporativos”. “El vicepresidente ni siquiera fue llamado a declarar. No está imputado, no está procesado. No sean cómplices de operaciones políticas que no son las de ustedes”, reclamó.