La diputada nacional y líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, concurrirá esta mañana a la Justicia para pedir que se investigue la presunta comisión del delito de "abuso de autoridad" por parte de la presidenta Cristina Kirchner, con motivo del pago de la última cuota del Boden 2012 en dólares.
La presentación abarca también a otros funcionarios del gobierno nacional, que celebrará en un acto en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires la salida del "corralito" generado en la
crisis de 2001 y 2002, al abonar unos U$S 2.200 millones finales a los tenedores del bono.
"Como en el año 2001, el Gobierno vía inflación e imposibilidad de adquirir dólares perjudicará a todas las clases medias y medias bajas argentinas en una colosal transferencia de dólares a los argentinos especuladores financiaron titulares de los bonos",
sostuvo Carrió.
La denuncia incluye a la presidenta del Banco Central, Mercedes Marcó del Pont, al titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray, y al secretario de
Comercio Interior, Guillermo Moreno, entre otros integrantes del gabinete nacional.
La diputada entiende que los funcionarios "han actuado con dolo e incumplido con sus funciones obrando contra la ley y/o usurpado funciones de otros Poderes del Estado en discriminación arbitraria y manifiesta de la mayoría de los ciudadanos argentinos a fin de
beneficiar únicamente a los tenedores del Bono BODEN 2012 que se pagará (...) al contado y en dólares", según consta en la denuncia.
Para "Lilita" Carrió, "este abuso de autoridad causa un daño económico gravísimo a los argentinos endeudados con pactos expresos de pagos en dólares y generará a su vez cuantiosas demandas al Estado de las que serán penalmente responsables los
denunciados".
La legisladora planteó que los funcionarios que denunciará mañana ante la Justicia "violan la ley, actúan de hecho y dictando resoluciones sin facultades para hacerlo".
"Y lo más importante lo hacen discriminando de manera arbitraria, ilegal e inconstitucional a la mayoría de los ciudadanos argentinos de los tenedores de bonos, argentinos o
extranjeros que percibirán el pago de sus bonos sin restricciones y en dólares", agregó.
"Los funcionarios denunciados violaron y/o desconocieron normas tales como los artículos 616 y 617 del Código Civil, y la misión que la carta orgánica del Banco Central impone a sus
autoridades", insistió.
En ambos artículos, "se equiparan las obligaciones de pago en moneda extranjera a las obligaciones de dar sumas de dinero, y se establece que cuando la obligación se hubiere pactado en una suma de determinada especie o calidad se la cumple dando, al día del
vencimiento, esa especie designada", sostuvo.
"Esto significa que en nuestro país no solo es costumbre y habitual sino que es legal concertar negocios en moneda extranjera, y que si esta obligación concertada en moneda
extranjera debe ser pagada en esa moneda para que se tenga como cancelada, no puede el Banco Central ni restringir ni prohibir el acceso a ella mientras la ley respectiva no sea derogada", manifestó Carrió.
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