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El Frente Nuevo Encuentro presentó ante la Cámara de Diputados el nuevo Proyecto de Ley de Servicios Financieros para el Desarrollo Económico y Social con el objetivo de derogar la norma 21.526 de entidades financieras dictada durante la dictadura militar en 1977, y remplazarla por una nueva regulación concebida desde el interés público, en base a las necesidades de los usuarios y con el objetivo de promover al desarrollo económico y social nacional.

La iniciativa cuenta con el respaldo de todo el Bloque del Frente Nuevo Encuentro e ingresó con las firmas de los diputados nacionales Carlos Heller, Martín Sabbatella, Carlos Raimundi, Juan Carlos Junio y Gastón Harispe.

Se trata de un nuevo texto sobre la base del proyecto original presentado en 2010, que tiene en cuenta los avances producidos con la reciente reforma de la Carta Orgánica del Banco Central de la República Argentina, pero que además contempla otros cambios para ampliar y mejorar el acceso al crédito de las empresas y los particulares de todas las regiones del país, en particular de los sectores de menor potencial económico.

“La declaración de la actividad financiera como un servicio de interés público implica la aplicación de una intensa regulación y fiscalización estatal por la importancia de la actividad para la comunidad. Dejar atrás la ley 21.526, sancionada de facto por la última dictadura militar, expresa la decisión de priorizar los intereses del conjunto de la Nación y la comunidad por sobre los intereses meramente lucrativos de los capitales e instituciones del poder concentrado nacional y transnacional”, expresó Heller.

“La Ley de Servicios Financieros está pensada desde los usuarios. En ese sentido, contamos con el respaldo de más de un millón de firmas que nos llegaron desde todas las regiones del país y con la adhesión de más de 2.300 empresas, cooperativas, organizaciones sociales, municipios, concejos deliberantes y legislaturas provinciales”, agregó el diputado nacional.

El proyecto de ley que acaba de tomar estado parlamentario postula que el 48%, como mínimo, del promedio anual de las financiaciones totales al sector privado de cada entidad financiera deberá destinarse a préstamos a Micro, Pequeñas y Medianas empresas. Para el cumplimiento de este 48% también se computarán los préstamos hipotecarios que las entidades otorguen para la construcción, compra y refacción de viviendas únicas familiares.

La propuesta también prevé la regulación sobre las tasas de interés de las operaciones crediticias de los sectores más desprotegidos y con menor capacidad de negociación.

En el texto, se detallan como objetivos del proyecto de ley: “Promover el acceso universal a los servicios financieros; proveer medios de pago y transaccionales eficientes para facilitar la actividad económica y las necesidades de los usuarios; fortalecer el ahorro nacional mediante productos financieros acordes a las necesidades de los usuarios y proteger los ahorros colocados en las entidades financieras, en particular los correspondientes a los pequeños y medianos ahorristas”.

Entre los motores del proyecto se destacan también: “impulsar el financiamiento productivo, en particular de las micro, pequeñas y medianas empresas nacionales; promover el crédito destinado a satisfacer las necesidades de vivienda y consumo de las personas y grupos familiares; alentar una distribución regional equitativa de la actividad financiera; preservar la estabilidad del sistema financiero y proteger los derechos de los usuarios de servicios financieros”.

“Como en otros países de Latinoamérica, en Argentina asistimos a una revalorización de lo nacional y de lo estatal como una forma de lograr desarrollos económicos sostenibles, establecer la soberanía sobre los recursos naturales y las actividades estratégicas, y asegurar los derechos de los ciudadanos. El proyecto de Ley de Servicios Financieros fue concebido en este mismo sentido”, concluyó Heller.