El Senado avanzó este miércoles con el dictamen del proyecto de ley de discapacidad, que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados y que el oficialismo buscará convertir en ley durante la sesión prevista para el 19 de noviembre. La iniciativa consiguió el acompañamiento de casi todas las bancadas.
El despacho se firmó durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, que se reunió a las 16 en el Salón Azul del Palacio Legislativo. El debate permitió avanzar con una propuesta que conserva los principales beneficios contemplados en la ley de emergencia en discapacidad, pero introduce cambios en el financiamiento, los requisitos para acceder a las pensiones y los mecanismos de control.
Las modificaciones que incorpora el proyecto
El texto mantiene la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD), la actualización mensual de las prestaciones según el Índice de Precios al Consumidor (IPC) y las pensiones no contributivas. También conserva la posibilidad de compatibilizar el cobro de una pensión con un empleo registrado.
Sin embargo, el proyecto elimina la figura de la emergencia y, en su lugar, establece de manera específica las partidas presupuestarias destinadas a financiar las medidas previstas y garantizar su cumplimiento.
De acuerdo con el cálculo de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de la ley demandará $598.912 millones durante 2027.
Otro de los cambios establece por ley las condiciones que deberán cumplir quienes soliciten una pensión por discapacidad. De esta manera, los requisitos dejarán de depender de las facultades reglamentarias del Gobierno. Entre las condiciones incorporadas figura no percibir ingresos individuales netos iguales o superiores a dos salarios mínimos, vitales y móviles.
La iniciativa también garantiza la continuidad de la cobertura médica para las personas que reciben pensiones no contributivas por invalidez laboral o discapacidad, a través del programa Incluir Salud.
A su vez, fija plazos concretos para cancelar las deudas con los prestadores. El Gobierno deberá informar el cronograma de pagos dentro de los 30 días corridos desde la entrada en vigencia de la ley y completar la cancelación de los montos adeudados en un máximo de 90 días corridos.
El respaldo de los bloques y el camino hacia la sanción
El dictamen consiguió el acompañamiento de La Libertad Avanza, el bloque Justicialista, el PRO, la Unión Cívica Radical y distintas bancadas provinciales. La única objeción mencionada durante el plenario fue la de Alejandra Vigo, quien planteó la necesidad de introducir cambios.
Con el despacho aprobado, el proyecto quedó en condiciones de ser tratado en el recinto. El oficialismo apunta a llevarlo a la sesión del 19 de noviembre para completar su recorrido legislativo y convertirlo en ley.