En el inicio del período de sesiones ordinarias, se presentó este lunes en la Legislatura santafesina un proyecto de ley unificado que busca prohibir las actividades de cuidacoches, limpiavidrios y lavadores de autos en todo el territorio provincial. La propuesta, que cuenta con el impulso de la diputada Ximena García junto a sus pares Walter Ghione, Germán Scavuzzo y el senador Ciro Seisas, apunta a modificar el Código de Convivencia (ex Código de Faltas) para dar un marco legal superior a las ordenanzas municipales vigentes.
La legisladora explicó en diálogo con LT10 que el objetivo central es superar los límites actuales que tienen municipios como Santa Fe y Rosario. "Hoy la Municipalidad realiza una actividad disuasiva con la GSI y la Policía, pero los cuidacoches solo pueden ser demorados por seis horas para averiguación de antecedentes. Con esta ley, buscamos el peldaño que falta para una sanción efectiva", señaló García.
El proyecto establece tres niveles de penalidades para quienes ejerzan la actividad de manera ilegal en jurisdicciones donde ya esté prohibida por ordenanza:
- Primera instancia: Prestación de trabajos comunitarios de 2 a 10 días.
- Reincidencia: Arresto contravencional de 10 a 20 días.
- Agravantes: Si media intimidación, violencia o si la actividad ocurre en zonas de estacionamiento medido, eventos masivos, horarios nocturnos, escuelas o bancos, las penas se duplicarán (llegando a arrestos de hasta 40 días).
Una de las innovaciones de la norma es que la Policía podrá actuar directamente para "cesar el estado antijurídico" sin necesidad de una orden judicial previa, facilitando el despeje de la vía pública.
La normativa también pone el foco en los espectáculos públicos y deportivos. En caso de que se pruebe que una institución o un organizador de eventos participa, consiente o tolera la actividad de cuidacoches (frecuentemente vinculada a sectores de las barras bravas), se prevén multas que van de 100 a 300 unidades de medida y la clausura del lugar por un período de 15 a 30 días.
García subrayó que el proyecto no es meramente punitivo: "Tomamos como modelo la experiencia de la ciudad de Santa Fe, donde más de 100 cuidacoches ya han sido reconvertidos a través de cooperativas de trabajo".
En este sentido, la ley propone:
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La creación de un registro provincial para tener un control real sobre quiénes ejercen la actividad.
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Programas de inclusión laboral y social.
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Abordaje integral de problemáticas de salud mental y adicciones, que afectan a gran parte de las personas en situación de calle que realizan estas tareas.
Finalmente, la diputada aclaró que la venta ambulante no está incluida en esta legislación y que las situaciones de extorsión o daños a vehículos seguirán siendo giradas a la justicia penal, ya que configuran delitos de fondo que exceden el Código de Convivencia.