Apenas horas después de su captura y posterior detención en Estados Unidos, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro declarará ante un tribunal federal de Nueva York junto a su esposa, Cilia Flores, este lunes a partir de las 14, hora de Argentina.
Maduro está acusado en Estados Unidos de cuatro cargos federales: conspiración de narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos, y conspiración para poseer esos mismos artefactos en apoyo de actividades criminales, así como de colaborar con organizaciones criminales calificadas como terroristas por Washington. Cilia Flores, por su parte, enfrenta cargos vinculados a presuntas operaciones de apoyo logístico y financiero a la misma estructura criminal, según documentos judiciales citados por medios estadounidenses.
Esta será su primera audiencia desde su llegada a Estados Unidos tras ser trasladado al país durante la madrugada del sábado. La pareja hablará ante el juez federal Alvin K. Hellerstein en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York.
A la espera de su declaración, ambos permanecen detenidos desde el sábado a la noche en el Centro de Detención Metropolitano (MDC) de Brooklyn, una prisión federal de alta seguridad.
Las acusaciones contra Maduro fueron formuladas en 2020 por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Este sábado, tras la llegada del mandatario la justicia estadounidense confirmó que habría liderado durante años una red que utilizó el tráfico de drogas como arma contra Estados Unidos.
En casos similares, los acusados suelen ser presentados inicialmente ante un juez para la lectura formal de los cargos, la verificación de su identidad y la definición de aspectos preliminares como la detención preventiva o la designación de abogados.
Es probable que ambos queden en detención preventiva sin derecho a fianza mientras avanza el proceso judicial, informaron desde el diario The New York Times y la cadena CBS.
La justicia de EEUU defendió la detención de Nicolás Maduro
En paralelo, la fiscal general de Estados Unidos, Pamela Bondi, defendió públicamente la detención de Maduro y sostuvo que el operativo respondió a acusaciones penales vinculadas al narcotráfico y al crimen organizado transnacional, en una declaración que refuerza el enfoque judicial con el que Washington busca justificar la intervención en Venezuela.
Según explicó la máxima autoridad del Departamento de Justicia, la captura de Maduro se enmarca en causas abiertas desde hace años en tribunales federales, donde se lo acusa de liderar o facilitar redes de tráfico de drogas que habrían operado a escala continental. En ese sentido, subrayó que Estados Unidos “actúa conforme a la ley” y que ninguna investidura política otorga inmunidad frente a delitos federales graves.
"Estados Unidos buscó todas las opciones legales para resolver este asunto de forma pacífica. Esas oportunidades fueron rechazadas repetidamente. La responsabilidad de este resultado recae únicamente en quienes optaron por continuar con su conducta delictiva en lugar de desvincularse".
La fiscal general remarcó además que la acción no estuvo motivada por diferencias ideológicas, sino por la aplicación del sistema judicial estadounidense contra organizaciones que, según su visión, representan una amenaza directa a la seguridad nacional. El mensaje apuntó a diferenciar el plano penal del político, aunque la detención del mandatario venezolano generó fuertes cuestionamientos internacionales por el alcance extraterritorial del operativo.