La acusación refiere a una supuesta amenaza pública destinada a afectar “el orden constitucional y la vida democrática”, contemplada en los artículos 226 y 226 bis del Código Penal.
La denuncia fue firmada por el director nacional de Normativa y Relaciones con los Poderes Judiciales y los Ministerios Públicos, Fernando Oscar Soto, quien aseguró que las declaraciones de Aguiar configuran una amenaza seria contra la institucionalidad. Según la presentación judicial, el gremialista expresó: “Mi trabajo, nuestro trabajo, es provocar la crisis de este Gobierno”.
Las palabras fueron pronunciadas en una entrevista en el contexto del anuncio del Gobierno Nacional de impulsar una reforma laboral. Para el Ministerio de Seguridad, estas manifestaciones "instan deliberadamente a poner en crisis al Gobierno, es decir, a afectar el ejercicio del mandato popular que ejerce el Presidente de la Nación".
Además, el documento presentado ante la Justicia señala que las declaraciones fueron ampliamente difundidas en medios y redes sociales, lo que le otorga a la amenaza un carácter “público e idóneo”. Por esto, el Ministerio solicitó que se inicie un sumario penal contra Aguiar y se investigue si incurrió en los delitos previstos en el Código Penal.