El juez federal de Garantías de Rosario, Eduardo Rodrigues Da Cruz, formalizó la investigación penal por contrabando sobre tres empleados de la sede central del Correo Argentino de Rosario que habían montado un servicio de entrega ilegal a domicilio de encomiendas internacionales, evadiendo los controles aduaneros oficiales y el pago de tributos por parte de los destinatarios.
Otros tres ciudadanos que receptaban los productos, principalmente juguetes e insumos de odontología y estética, también quedaron vinculados al legajo judicial cuya principal imputación es el contrabando agravado. Se ordenó la prisión preventiva domiciliara para tres de los principales involucrados en las maniobras. Cobraban montos que llegaban hasta entre 30 y 50 dólares el kilo de la encomienda, la mitad de los tributos oficiales.
De acuerdo a la imputación formalizada por la Oficina de Criminalidad Económica de la Unidad Fiscal a Rosario, a cargo de Javier Arzubi Calvo, con la intervención en la investigación de la fiscal Soledad García y María Virginia Sosa, a las siete personas involucradas en las maniobras se les imputó el delito de contrabando agravado.
Más de dos años de investigación
Al presentar la investigación, la fiscal García describió el encuadre legal, las atribuciones y la evidencia que sustentó la hipótesis oficial del caso. Recordó que las maniobras ocurrieron al menos desde 1° de enero de 2023 y que la investigación comenzó a partir de una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca), que advirtió inconsistencias respecto de encomiendas internacionales que no habían sido entregadas.
Principalmente, la fiscal exhibió chats y conversaciones entre los imputados que demostraron el rol que tenía cada uno. En esos intercambios explícitos, se confirmó la logística confeccionada para tal fin, las transferencias de dinero en pesos y dólares entre billeteras virtuales de los imputados producto de la ganancia por el servicio ilegal, referencias explícitas a las tarifas y el cobro a los destinatarios, además de las zonas para el despacho.
Los involucrados son Hugo L. (cesanteado desde abril 2023), Eduardo C., Maia L. y Juan Pablo A., funcionarios públicos del área Encomiendas Internacionales de la sede central del Correo Argentino en Rosario (Córdoba 721) quienes, según la imputación, “idearon un sistema paralelo a los mecanismos establecidos legalmente para el ingreso de mercaderías extranjeras al país”.
Modalidad del contrabando
El servicio ilegal montado por los involucrados consistía en sustraer las encomiendas que llegaban desde el Centro Postal Internacional (CPI) del Correo Argentino, ubicado en la localidad bonaerense de Monte Grande, para entregarlas directamente a los domicilios particulares previo cobro de una tarifa que, según indicó la Fiscalía, estaba estipulada en 30 dólares el kilo, lo que representaba el 50% de los tributos que debían pagar los destinatarios. Maia L. y Juan Pablo A. intercambiaron datos donde hacían referencia a cobrar 4.500 dólares cada uno.
Planificación
En el caso de Hugo L. está señalado como diseñador del sistema y el encargado del mismo hasta su retiro en abril de 2023. Eduardo C., como jefe del Nodo Rosario, se le endilga no sólo no ejercer el debido control sobre sus subordinados, sino participar de las maniobras con el cobro de la tarifa a destinatarios o en la entrega de paquetes.
Maia L. era la encargada de hablar con los destinatarios, cobrar el dinero y coordinar la entrega de las encomiendas, ya que por su posición laboral tenía acceso directo a manipular las bolsas con envíos que llegaban desde el CPI de Monte Grande. Su compañero Juan Pablo A. era colaborador y estaba en complicidad directa con L. ya que ocupaban el mismo espacio laboral.