Activistas por los derechos de las personas con discapacidad calificaron al caso como “un crimen contra los derechos de las personas con capacidades diferentes”.
Cabe recordar que Diego Spagnuolo, ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad, es sospechado de integrar un circuito de coimas en la compra de medicamentos que alcanzaría a Karina Milei y su asesor Eduardo “Lule” Menem.
Gabriela Bruno, referente social en discapacidad de Santa Fe, escribió una carta abierta en la que asegura que: "Mientras en los allanamientos a Spagnuolo se encontraron máquinas de contar billetes, sobres con dólares y millones de pesos en autos y viviendas, miles de personas con discapacidad sufrimos recortes en pensiones, suspensión de terapias, falta de acceso a medicación y despidos arbitrarios de trabajadores, incluso de trabajadores con discapacidad. A esto se suma el humillante, angustiante e innecesario proceso de auditorías al que sometieron a quienes reciben pensiones y apoyos del Estado, como si tuviéramos que demostrar una y otra vez nuestra discapacidad y nuestra necesidad de vivir con dignidad".
Además, en su visita a LT10 indicó que “los sedujo la caja grande”.
"Estamos acompañando a familiares de personas con discapacidad a los que ya les llegaron cartas documentos con suspensión de las pensiones por discapacidad y a otros a sacar turnos para completar las carpetas médicas que deben presentarse en las auditorias" comentó la referente en medio de un escándalo que afecta al país y pone el foco sobre el gobierno nacional actual.