Desde el Colegio de Nutricionistas de Santa Fe advirtieron que las nuevas modificaciones a la Ley de Promoción de la Alimentación Saludable —sancionada en 2021 y reglamentada en 2022— representan un serio retroceso en términos de salud pública, especialmente en lo que respecta a la protección de las infancias.
Ainelen Radosevich, integrante del Colegio, explicó en diálogo con LT10 que los cambios introducidos en diciembre de 2025 alteran la forma en la que se deben reportar los nutrientes críticos en los productos ultraprocesados.
“La ley decía que todos aquellos productos que en su producción se les agregara algún nutriente crítico —grasas, azúcares, sodios— tenían que ser analizados en su conjunto y declarar los sellos de advertencia correspondientes. Ahora, solo se debe declarar el nutriente que se agrega, no el que viene naturalmente en el alimento”, explicó.
Esto significa que productos que antes tenían tres octógonos negros de advertencia, ahora pueden tener solo uno. “No porque haya cambiado algo en el producto, sino porque cambió la ley”, enfatizó Radosevich.
Uno de los ejemplos más claros es el del yogurt: “Antes podía tener exceso de azúcar y grasas, y se lo informaba. Ahora, si la grasa no fue agregada —aunque esté en exceso— no debe declararse. La persona va a estar consumiendo dos nutrientes críticos sin saberlo”, advirtió.
Además, se flexibilizó la exigencia de declarar el uso de edulcorantes: “Ahora solo deben ser informados si fueron agregados con fines de endulzar. Pero si se usan como antihumedad, por ejemplo, no tienen que estar indicados. Y eso, desde lo nutricional, es lo mismo. Lo consumimos igual”, explicó.
Otra modificación que preocupa es la posibilidad de incluir frases promocionales (“claims nutricionales”) como “rico en vitaminas” o “bajo en sodio”, incluso en productos con sellos de advertencia. “Eso genera una confusión tremenda en el consumidor. Por eso esta flexibilización nos preocupa profundamente”, señaló.
Radosevich remarcó que “Argentina tiene cifras alarmantes de exceso de peso en adultos y en infancias” y que este tipo de normativas deberían reforzarse, no debilitarse. “La ley no obliga a nadie a dejar de consumir, pero sí garantiza el derecho a saber qué comemos. Y eso ahora se está perdiendo”.
Desde el Colegio de Nutricionistas de Santa Fe, junto a otras entidades nucleadas en la red nacional FAGRAN, impulsan acciones para que se reabra el debate. “Creemos que estas decisiones deben estar respaldadas por evidencia científica, como ocurrió cuando se sancionó la ley. Esta modificación fue unilateral, sin consulta ni consenso”, explicó.
Finalmente, recordó que la norma original también había incentivado a muchas empresas a reformular sus productos para poder seguir vendiendo en escuelas, donde no se pueden ofrecer productos con sellos. “Flexibilizar ahora desalienta ese esfuerzo y pone en riesgo un avance que era positivo”, concluyó.