Lt 10

Una fuerte advertencia de España y la creciente presión que ejercieron los gobernadores de provincias petroleras en la reunión que mantuvieron ayer con el ministro de Planificación, Julio de Vido, le pusieron freno al plan oficial de anunciar el reingreso del Estado en YPF. Al final de ese encuentro, y en términos mucho más cordiales, los líderes provinciales le extendieron su parecer a la presidenta Cristina Fernández. Y acordaron no hacer olas con respecto a la nacionalización de la empresa hasta que culmine la Cumbre de las Américas, que se realizará este fin de semana.

Así lo confirmaron tres funcionarios que estuvieron presentes en las negociaciones de ayer. Y aportaron un dato adicional: las conversaciones se retomarán entre el martes y el miércoles de la semana que viene.

La jornada fue una de las más convulsionadas en años para el sector petrolero. La inminencia de un anuncio presidencial sobre YPF fue potenciada cuando, a partir de las primeras horas de la tarde, comenzó a circular un borrador de proyecto de ley que establece no sólo la estatización, sino también un nuevo marco legal para el mercado petrolero.

En lo que refiere a YPF, el proyecto establecía que se declara de “utilidad pública” y sujetas a expropiación, como anticipó El Cronista, una porción de las acciones de la compañía. Prevé integrar un 50,011% de la petrolera para las arcas estatales. Ese total se conformaría con el 25% de las acciones de la familia Eskenazi y una porción similar de las de Repsol. Contempla una alternativa de negociación para fijar un precio por esos activos. Caso contrario, el Estado iniciaría juicio.

Los gobernadores rechazaron ese proyecto por dos puntos sobresalientes: en primer término, le asigna un sólo director a la Ofephi, la organización que reúne a las provincias productoras de hidrocarburos. “Queremos tener participación efectiva en la empresa, y no sólo en el Directorio. Queremos estar presentes en lo que decida la empresa con respecto a las provincias”, sostuvo uno de los funcionarios que vetó ayer la iniciativa en danza.

Por otra parte, el tono del texto que circuló es de fuerte tono intervencionista y centralista según los gobernadores. Por caso, le da al Gobierno una amplia potestad para determinar precios (puede desprenderlos del valor internacional y calcularlo a partir de costos de producción, llegado el caso) y sólo menciona de manera residual a las provincias.
“Se está analizando algo similar a lo que está dando vueltas”, reconoció un funcionario provincial. Pero aclaró: “Van a tener que cambiar varias cosas para que estemos de acuerdo”.

Las cosas comenzaron a tensarse ayer al mediodía, cuando el presidente de Repsol, Anto
nio Brufau, se encontró con el ministro de Planificación, Julio de Vido; su mano derecha, Roberto Baratta, y el viceministro de Economía, Axel Kicillof. De Vido le informó al español que su empresa sólo podría conservar en torno a un 30% de YPF. Y Kicillof le reclamó que repatriara unos u$s 15.000 millones en dividendos.

El empresario rechazó de plano ambos pedidos. Contaba con el apoyo del gobierno de Mariano Rajoy. Por la mañana, desde Varsovia, el ministro de Industria, José Manuel Soria, había declarado a la prensa: “El Gobierno de España defiende los intereses de todas las empresas españolas, dentro y fuera. Si en alguna parte del mundo hay gestos de hostilidad hacia esos intereses, el Gobierno los interpreta como gestos de hostilidad hacia España y hacia el Gobierno de España. El Gobierno lo que sí dice es que si hay gestos de hostilidad estos traerán consecuencias”.

Más allá de la expectativa que se había generado, al anuncio sobre YPF ayer no llegó. Cerca de las 22, afuera de la explanada de la Casa Rosada, un pequeño grupo de militantes desplegó una bandera que rezaba “Luche y Vuelve” con el logo de la petrolera. En los pasillos la Casa de Gobierno se prometía el anuncio para “la semana que viene”.