Lt 10

Funcionarios de primera línea y directores del Estado en algunas de las empresas más grandes del país iniciaron en las últimas semanas un raid de conversaciones con el management de compañías donde la ANSeS tiene participación. El objetivo es ambicioso: buscan retener dentro de las empresas más de $ 6.200 millones que ganaron el año pasado y cuyo destino se resolverá en las asambleas de accionistas que mantendrán durante abril.

La intención de los hombres y mujeres que representan al Gobierno, tal como lo decidió la presidenta Cristina Fernández, es que los fondos se destinen a inversiones. De esa manera, según la cuenta que hacen en la Casa Rosada, servirán para incrementar la oferta doméstica de productos con vistas a combatir la inflación, disminuir la erogación de dólares mediante importaciones y evitar la compra del billete verde a partir de los pesos que reparten las empresas.

En algunos casos, la ANSeS envió cartas que preguntaban si la empresa en cuestión “tenía previsto distribuir utilidades”, explicaron en una de las compañías. En otras reconocieron que el contacto es aún informal. Todos los consultados, sin embargo, coincidieron en un punto: “El mensaje es ‘no distribuyan y reinviertan’”, según sostuvo un interlocutor con el Gobierno.

La consulta abre una pregunta difícil de responder para los empresarios: si bien el Gobierno no puede, incluso en las empresas en las que tiene alta participación, forzar una decisión a su gusto, los empresarios prefieren no enemistarse con la Rosada.

“Es paradójico: el año pasado nos pedían que repartiéramos más ganancias y ahora nos reclaman que no paguemos dividendos. Hasta ahora no hay una instrucción clara, pero es lo que llega por vía informal”, explicaron en una de las compañías donde el Estado tiene participación a través del organismo previsional, que conduce Diego Bossio.

Gas Natural Fenosa (ex Gas Natural Ban), la citrícola San Miguel, Consultatio –la firma de inversiones inmobiliarias de Eduardo Costantini–, el frigorífico Mirgor, Transportadora Gas del Sur, la cementera Minetti y la generadora eléctrica Central Puerto son algunas de las compañías que definirán en los próximos días el destino de sus ganancias. A esas se les suman otras tres compañías con realidades particulares: Telecom –es la que más tiene en juego, ya que ganó $ 2.422 millones–, Siderar –la fabricante de chapa del grupo Techint– y el grupo Clarín.

En el primer caso, en el mercado estiman que la empresa declinará la distribución de dividendos por presión del Gobierno. La definición llegará en la asamblea que la empresa celebre el 27 de abril.

La siderúrgica de la familia Rocca, en tanto, definirá en la asamblea del 19 abril la aprobación de los balances de 2011, al tiempo que podría haber definiciones sobre las utilidades, de $ 1.341 millones. Luego del conflicto que mantuvo la compañía con el Gobierno por el ingreso del hoy viceministro de Economía, Axel Kicillof, como director en la empresa, en el mercado no esperan nuevas tensiones serias. Hoy el economista de La Cámpora es uno de los tres hombres del Ejecutivo en la empresa.

Aunque cada negociación entre el Estado y una empresa tendrá su pulso específico, en el sector privado intentarán negociar siguiendo la línea del “caso Molinos”, en referencia a la moderada distribución de utilidades que llevará a cabo la compañía de la familia Pérez Companc. Más allá de la reserva legal que están obligadas a hacer las empresas, este año sólo repartirá un 16% ($ 88 millones) de sus ganancias de 2011 (casi $ 539 millones), dado que destinará la mayor parte a financiar inversiones por $ 700 millones. El número es sensiblemente menor a los $ 254 millones que repartió el año pasado, un 42% de sus ganancias de 2010.