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Ante afirmaciones del diputado Provincial Héctor Acuña, en relación a la necesaria readecuación tributaria que está impulsando el Gobierno Provincial, nos vemos en la obligación de poner algunas consideraciones en el lugar que corresponde y no en el panfleto antojadizo del “impuestazo” que agitan sectores de la oposición.

Desde que, en el año 2008, se impulsa desde el gobierno del FPC y S una reforma tributaria en la provincia, venimos respondiendo sistemáticamente, con argumentos y cifras irrefutables, las innumerables falacias esgrimidas en su contra.

En primer lugar, ha quedado harto demostrado, hace años, que es inexacto y malintencionado afirmar que heredamos una caja de 1.600 millones del gobierno anterior. En realidad, el disponible era de alrededor de 340 millones, comprometidos para el pago de SAC y otras deudas. Pero, además, y se lo omite deliberadamente, encontramos una provincia con escuelas destruidas, infraestructura vial obsoleta, abandonada o inexistente, deplorable estado y carencia de efectores de salud, salarios en negro y deudas históricas con agentes de las fuerzas de seguridad, entre muchas otras cuestiones a resolver. En resumen, una “caja saneada” sobre una provincia jaqueada por innumerables falencias.

El diputado habla ligeramente de “despilfarro” de los recursos públicos, “nombramientos indiscriminados” y otras temerarias acusaciones. Quizás ignora, o no quiere enterarse, de que, por ejemplo, el crecimiento total de cargos en el sector público en el período 2007/11 fue del 7,51% mientras que en el período anterior, 2003/07 fue del 9,56 %.

Un dato de la realidad, que el Diputado parece desconocer cuando se refiere al déficit fiscal, es que todas las provincias argentinas y el propio Estado Nacional, han cerrado con déficits (algunos preocupantes) el ejercicio 2011.

También omite decir, por ejemplo, que se han inaugurado más de 50 efectores de salud (de los más de 80 que se construyen en este período) y todos están funcionando con equipamiento y personal adecuados. Olvida, o parece, que hemos cumplido con garantizar la enseñanza media obligatoria establecida por Ley Nacional, se ha concretado la reparación histórica a los veteranos de Malvinas, se provee de recursos justos a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios, se implementa la transformación del sistema de Justicia, se ha establecido el 82% móvil al sector pasivo, etc. Sería demasiado largo y engorroso enumerar los recursos invertidos en este período de Gobierno, por lo que invito al Diputado a informarse. Todo está publicado y es de acceso libre a cualquiera que, de buena fe, se interese en conocerlo.

Creemos que, la publicación en La Capital de la fecha, 16 de marzo, da pie para elevar el tono del debate y llevarlo al plano de la concepción del rol del Estado que tiene el actual Gobierno y el que esgrime (y ha ejercido durante un cuarto de siglo) la mayoría de la oposición, alineada en el PJ.

El Gobierno que asume la responsabilidad de conducir la Provincia en 2007, vino a garantizar los derechos de la sociedad santafesina. Derecho a la salud, educación, vivienda digna, conectividad, agua y ambiente saludable para todos. Servicios esenciales prestados adecuadamente y valorización social y cultural de todas las capas de la población. Esta no es una empresa fácil ni rápida, requiere voluntad política, tiempo y recursos humanos y materiales. Para concretar estos desafíos es necesario incrementar los recursos del Estado, generando una mejor distribución de los mismos, y el único modo, en democracia, es a través de la política tributaria. Quienes más tienen y más ganan deben aportar, solidariamente, en mayor medida al bienestar general.

Existe otra concepción, la neoliberal, que, sostiene presupuestos equilibrados, achicando el gasto a través de las políticas de ajuste. Esta experiencia ya la vivimos: sabemos los santafesinos de congelamiento de salarios, reducción de jubilaciones, marginalidad creciente, infraestructura del Estado en ruinas, empresas de servicios vaciadas y privatizadas, entre otros “logros”.

Entendemos que sería de honestidad intelectual, cambiar el tono panfletario, inconducente (salvo para confundir a la opinión pública), y asumir el rol de legislador desde un punto de vista propositivo, a sabiendas que estamos dispuestos a revisar todos y cada uno de los puntos en debate, en aras de lograr los consensos necesarios para continuar en el camino de brindar mayor calidad de vida a la sociedad santafesina.