El Estado aún no contrató a la imprenta conocida como Ciccone Calcográfica para confeccionar billetes de cien pesos, pero aún así un grupo de funcionarios públicos visitaron esa planta privada para hacer pruebas técnicas en el lugar . Más todavía, empleados jerárquicos de la Casa de Moneda llevaron a Ciccone cargamentos del mismo papel y la tinta que usa el Gobierno para fabricar dinero . Esos dos insumos son estratégicos y su custodia es crucial para garantizar la seguridad de la emisión monetaria.
El papel que el Estado usa para los billetes es de color blanco y rosa. La tinta es la que se conoce como ópticamente variable (llamada OVI, sigla de “optically variable ink”). Las pruebas técnicas que los funcionarios de Casa de Moneda hicieron en Ciccone empezaron a fines del año pasado . Y continuaron incluso hasta hace pocos días, cuando el “caso Ciccone” ya había sido difundido por los medios masivos.
Según pudo saber Clarín gracias a fuentes de Ciccone y también de la Casa de Moneda, uno de los funcionarios que coordinó esta operativa fue el gerente general de esa entidad pública, el ingeniero Enrique Saliva. Hay otra decena de empleados involucrados en esas acciones.
La salida del papel y la tinta de la Casa de Moneda debería haber sido registrada por las cámaras de seguridad de ese organismo, si es que en el momento en que ese trabajo se hizo estaban activas.
El encargado de la seguridad del edificio donde el Gobierno hace dinero es el coronel Héctor Desmaras.
El 17 de febrero, la Casa de Moneda abrió una licitación para comprar papel rosa y papel blanco, el mismo que se envió a Ciccone, que no licitó con ninguna competidora para intentar quedarse con la impresión de billetes oficiales.
La titular de la Casa de Moneda, Katya Daura, a quien sus amigos llaman por su segundo nombre, Soledad, está alineada políticamente con el vicepresidente, Amado Boudou: trabajó con él en la ANSES.
El director de la sociedad anónima que controla Ciccone Calcográfica es Alejandro Vandenbroele, amigo del vice desde la juventud. Cuando llegó a Ciccone, Vandenbroele dijo en al menos tres reuniones con empleados que él llegó a la compañía con impulso “del Gobierno”, y especificó que su contacto “es Boudou”. Todo ocurrió entre julio y agosto del año pasado. Vandenbroele tranquilizó por ese entonces a su personal diciéndole que en la imprenta habría trabajo garantizado porque “después las elecciones vamos a hacer papel moneda”.
Hay decenas de testigos de estos dichos: empleados rasos de Ciccone, gerentes, miembros del sindicato gráfico.
El 30 de enero, Soledad Daura recomendó al Banco Central que habilite a Ciccone para que se impriman allí parte de la provisión de billetes de cien pesos que se necesitarán para este año. El Estado pagaría alrededor de 50 millones de dólares por ese trabajo. El precio y la operatoria es resistido por la titular del BCRA, Mercedes Marcó del Pont. La semana pasada renunció el gerente general del banco, Benigno Vélez, íntimo asesor de Boudou tanto en la ANSES como en el Ministerio de Economía. Vélez era quien impulsaba dentro del BCRA que Ciccone confeccione billetes. Desde los últimos días del 2011 -en los que hubo asueto administrativo la última semana de diciembre – hasta la semana pasada, los funcionarios y técnicos de la Casa de Moneda visitaron Ciccone en muchas oportunidades.
Y llevaron el papel y la tinta de los billetes oficiales aunque esa planta gráfica todavía no tenía la aprobación de la Casa Rosada. Ni Boudou ni la presidenta Cristina Kirchner hablaron públicamente del “caso Ciccone” a pesar de que hay una investigación judicial sobre el vice.
La maquinaria de Ciccone que controlaron los técnicos de la Casa de Moneda fueron refaccionadas con un crédito del Banco Macro, de Jorge Brito, contaron fuentes de la imprenta. El vicepresidente de la empresa es un ex gerente de ese banco, Máximo Lanusse.
Las principales máquinas de billetes de Ciccone se llaman “Súper Orloff” y “Super Simultan”. La Casa de Moneda trabajó para que vuelvan a funcionar.
Un vecino dialogó con el Móvil de LT10 y consideró que los arreglos no solucionan el problema ante el intenso tránsito de la zona. Aseguran que los pozos rompen autos, provocan caídas de motociclistas y complican el recorrido de los colectivos.