Lt 10

Los ministros de Gobierno y Reforma del Estado, Antonio Bonfatti, y de Justicia y Derechos Humanos, Héctor Superti, recorrieron hoy las obras de construcción del Centro de Justicia Penal de la ciudad de Rosario, que se levanta en el predio donde funcionó el ex hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca), acompañados del fiscal general de la provincia, Julio de Olazábal, y del fiscal regional de Rosario, Jorge Baclini; así como también del defensor provincial, Gabriel Ganon, y el defensor regional de Rosario, Gustavo Franceschetti, quienes asumieron el martes pasado.



Los flamantes funcionarios apreciaron los avances de la obra, en la que la provincia invertirá en total cerca de 50 millones de pesos.



“Esto se enmarca en los importantes logros en el camino de la implementación del nuevo sistema de justicia penal en la provincia”, explicó el ministro Superti.



De la recorrida también participaron el senador provincial Juan Carlos Zabalza; la diputada nacional Mónica Fein; y el criminólogo Elías Carranza, representante del prestigioso instituto Ilanud (Naciones Unidas) y quien fuera miembro del jurado que seleccionó a la máxima autoridad del Ministerio Público de la Acusación en la provincia.



“Para concretar los próximos pasos de la reforma necesitamos que los tres poderes tiremos para el mismo lado”, señaló el ministro de Justicia y Derechos Humanos, al tiempo que se mostró confiado en que “en los próximos 180 días se pueda poner en funcionamiento el nuevo Código, tal como lo solicitó la Legislatura”.



En tanto, el ministro Bonfatti señaló: “Este edificio que se está levantando simboliza la transformación del Estado: hay un cambio profundo en el modelo de justicia penal de la provincia, que comenzará a visualizarse este año. Será un salto cualitativo respecto al actual sistema que permitirá, entre otras cosas, agilizar la resolución de las causas a partir de la oralidad de los juicios”.



En ese sentido, Superti señaló que desde el Poder Ejecutivo se está ayudando con la logística necesaria para el funcionamiento del Ministerio Público de la Acusación y del Servicio Público de Defensa Penal, lo que incluye vehículos e infraestructura, entre otros elementos. Sobre este punto, el titular de la cartera de Justicia y Derechos Humanos anunció que “a la brevedad se va a firmar un convenio de cooperación entre el Ejecutivo, el fiscal general y el defensor provincial, para brindarles todo el apoyo que necesitan con autos, telefonías, computadoras y el alquiler de lugares donde puedan funcionar las sedes”.



El ministro de Justicia y Derechos Humanos reiteró que poner en marcha la reforma “es una tarea compartida de los tres poderes” y detalló las responsabilidades que le caben a cada uno de ellos. “El Poder Ejecutivo deberá realizar los concursos para fiscales y defensores y ahora tiene que ayudar a las nuevas autoridades a armar sus estructuras. El Poder Judicial deberá definir qué jueces quedan y qué jueces pasan al nuevo sistema, organizar los concursos y designar los directores de las oficinas de gestión judicial. Y la Legislatura va a tener que tratar y resolver algunos proyectos, el más importante es el de la creación de los 800 cargos, que habíamos mandado en el presupuesto 2011, pero fue devuelto”, describió Superti, al tiempo que concluyó que “si cada uno de los poderes cumple” es casi seguro que se podrá poner en marcha el sistema en el plazo de 180 días.



Con relación a los trabajos que se están realizando en el predio de Sarmiento y Virasoro, Superti señaló que se está analizando con la empresa constructora “un acortamiento de los plazos de ejecución de la primera etapa de la obra”, que consiste en la estructura de hormigón armado, y que podría estar terminada en un plazo de ocho a diez meses. La segunda etapa, según detalló, consiste en la carpintería y los sistemas informáticos propios de un edificio inteligente como el que se está construyendo.



El nuevo Centro de Justicia Penal constituye una obra fundamental para la implementación de la Reforma Procesal Penal que lleva adelante el Poder Ejecutivo santafesino; y demandará una inversión total cercana a los 50 millones de pesos.



El edificio albergará los tribunales de investigación penal preparatoria y de juicio en lo penal –con sus salas de audiencias públicas y orales–, la Cámara de Apelaciones en lo Penal, el Servicio Público de la Defensa Penal, el nuevo Ministerio Público, la alcaidía con cámara Gessell –habitación acondicionada para permitir la observación con personas–, y la sala de reconocimiento.



De acuerdo al proyecto, tendrá una superficie cubierta de 14 mil metros cuadrados distribuidos en la planta baja, dos niveles altos y un subsuelo semienterrado.



La construcción ocupará el 40 por ciento de la manzana, generando en el 60 restante un nuevo espacio público.



También se prevé la construcción de 123 plazas de estacionamiento cubierto y 38 dársenas, sobre calle Sarmiento y calle Virasoro, cubriendo las necesidades del programa y cumpliendo con las normativas vigentes.



Además de la edificación del nuevo Centro de Justicia Penal, el proyecto arquitectónico contempla la recuperación del espacio público circundante en la manzana comprendida por las calles Mitre, Virasoro, Sarmiento y Rueda.-