Lt 10

Un centenar de personas marchó hoy por Puerto Príncipe reclamando la anulación de las recientes elecciones presidenciales en Haití y exigiendo la renuncia del mandatario, René Preval, en lo que significó la reanudación de las manifestaciones en medio de la prolongada crisis electoral que vive el país.
Foto DPA



El clima de tensión creció este domingo paralelamente al auge del rumor según el cual el expresidente Jean-Bertrand Aristide se apresta a regresar al país luego de que hace una semana lo haya hecho el exdictador Jean-Claude Baby Doc Duvalier.

La protesta de hoy estuvo encabezada por Charles Henry Baker, uno de los 12 candidatos presidenciales que desde el 28 de noviembre, día de los comicios, reclaman la anulación de la compulsa argumentando que en ella se realizó “fraude masivo”.

“Estamos pidiendo que se anulen las elecciones y después ir a una votación democrática”, dijo Baker a periodistas, según consignó la agencia noticiosa DPA.

A su juicio, los comicios deberían ser organizados por un “gobierno provisional” porque “Preval tiene que irse el 7 de febrero”, fecha estipulada para el traspaso de mando.

Los manifestantes portaban pancartas contra Preval, acusándolo de “corrupto” y afirmando que los haitianos están “cansados de elecciones falsas”.

A su paso, llenaron las calles y vehículos, preferentemente de Naciones Unidas, de pintadas contra Préval y la ONU.

Aunque la marcha no fue masiva, es indicativa del aumento de la tensión que vive el país en la dilatada espera para conocer los resultados electorales de la primera vuelta, que según Naciones Unidas deberían ser publicados el 31 de este mes.

También el popular cantante y candidato presidencial Michel Martelly ha advertido de que llamará a “manifestaciones pacíficas” en caso de que el Comité Electoral Provisional (CEP) no respete el informe de la misión de verificación de la Organización de Estados Americanos (OEA).

En ese informe, la misión de la OEA recomendó que Martelly -tercero según el escrutinio oficial- sea incluido en el balotaje junto a la también opositora Mirlande Manigat y en reemplazo del oficialista Jude Célestin.

Préval realizó ayer sábado una visita sorpresiva a Santo Domingo, donde se reunió durante más de tres horas con su colega dominicano, Leonel Fernández, para discutir la crisis electoral que vive la nación más pobre de las Américas.

Tras el encuentro, Fernández insistió en la posición de la comunidad internacional que exige un fin a la impasse electoral que vive Haití desde los criticados comicios del 28 de noviembre, al afirmar que en la reunión le recordó “los plazos que tienen que ser cumplidos para que pueda haber una transición de mando como está prevista el día 7 de febrero del presente año”, según medios dominicanos.

De acuerdo con los reportes, en las discusiones tuvieron además un prominente lugar tanto la inesperada llegada a Puerto Príncipe hace hoy una semana de Baby Doc Duvalier como los crecientes rumores de que podría hacer lo mismo de forma inminente Aristide, quien en los últimos días ha aumentado las presiones para regresar a Haití.

A preguntas de la prensa, Préval dijo que no se le puede impedir el regreso a Haití a Aristide, puesto que la Constitución prohíbe formalmente el exilio, por lo que no se le puede denegar la entrada al país a un nacional.

No obstante, no hizo mención a las críticas de los abogados del exmandatario quienes, en los pasados días, habían reiterado sus denuncias de que las autoridades haitianas le han denegado sistemáticamente el pasaporte a Aristide.

La comunidad internacional está muy preocupada por una posible llegada de Aristide a Haití, en vista de la gran popularidad que el expresidente aún tiene en el país caribeño.

De llegar Aristide, se produciría la inédita situación de tener a dos exgobernantes forzados a dejar el poder en el país, después de la llegada de Duvalier el domingo pasado.

Sobre éste, Préval afirmó el sábado en Santo Domingo que el exdictador tiene que “responder ante la justicia” y aseguró que su gobierno “hizo lo que tenía que hacer” al iniciar las investigaciones para un posible procesamiento por crímenes de corrupción, malversación de fondos y violaciones de derechos humanos.