Internacionales - Derechos humanos

Domingo 09 de Mayo de 2021 - 09:18 hs

En Colombia relacionan la crisis con el "sabotaje" del Gobierno al proceso de paz

Dirigentes de derechos humanos denunciaron que las protestas en Colombia son consecuencia de la política de represión y de inequidad en la distribución de recursos del Gobierno de Iván Duque y los sectores financieros y económicos concentrados.

Las protestas actuales en Colombia son consecuencia directa de la política de represión y de inequidad en la distribución de recursos con que el Gobierno de Iván Duque y los sectores financieros y económicos concentrados vienen "saboteando el proceso de paz" desde 2016, según denunciaron dirigentes de derechos humanos del país cafetero.

Alberto Yepes, de la Coordinadora de Derechos Humanos, explicó en charla con Télam que la actual crisis que vive Colombia es en realidad la continuidad de las protestas mayoritariamente estudiantiles que tuvieron lugar en noviembre de 2019 por los recortes en el presupuesto educativo que hizo el Gobierno, y que quedaron suspendidos a lo largo de todo 2020 por la pandemia.

Para el dirigente, la posibilidad de que un diálogo tenga éxito "va a depender de lo que haga el Gobierno, porque no se puede dialogar si no dicen dónde están las 470 personas desaparecidas en la última semana que fueron detenidas en las protestas, o si el Estado no retira la militarización con la que está reprimiendo a los manifestantes, o no accede a darle matrícula cero a 400.000 alumnos que perdieron su posibilidad de estudiar por falta de recursos".

En cuanto a los orígenes de la crisis actual, aseguró que la falta de recursos económicos que afecta a vastos sectores de la población –y que motivan las protestas- tienen que ver con una primera reforma tributaria hecha por Duque a poco de asumir su mandato en agosto de 2018, que "eximió a grandes capitales de pagar impuestos por 9 billones de pesos", casi 2,4 millones de dólares.

"Y con la llegada de la pandemia, el Gobierno, en lugar de dar apoyo a las clases bajas y medias por las pérdidas de puestos de trabajo, subsidió al sector financiero y a las grandes empresas, además de gastar miles de millones de pesos en una ampliación del gasto militar", indicó.

Pero para el dirigente, la cuestión es más amplia y tiene que ver con una reacción corporativa e ideológica frente al acuerdo de paz que el Estado colombiano firmó con las desaparecidas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) a fines de 2016.

Denuncian que la crisis colombiana está anclada al "sabotaje" del Gobierno al proceso de paz.
En ese sentido, Yepes aseveró que la idea fue debilitar las organizaciones sociales, por lo cual 1.180 líderes fueron asesinados a manos de paramilitares, mientras se impulsaba un fuerte apoyo a la concentración financiera en desmedro de las clases populares.

Por su parte, Lourdes Castro, del Programa Somos Defensores de Derechos Humanos, acotó que la situación actual es el resultado "del estado de indignación nacional que comenzó en noviembre de 2019 y que había quedado suspendido por la pandemia", y que ahora "permitió develar el lado más oscuro y violento del Gobierno de Duque, que viene a mostrar más claramente cómo en Colombia se está configurando un régimen autoritario".

Ante una consulta de Télam, Castro añadió que esa situación "se expresa en esta respuesta violenta que se ha dado al derecho a la legítima protesta social con un excesivo uso de la fuerza y poniendo en funcionamiento teatros de operaciones de guerra urbanos como se evidencia en Cali y otras ciudades".

Además, la responsable de la ONG apuntó sobre la responsabilidad de los organismos de control –la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la fiscalía-, que a su juicio guardaron "un silencio cómplice" sobre la represión institucional, lo que obligó a las organizaciones sociales a multiplicar la difusión de videos e informes caseros para mostrar la gravedad de la situación.

A su turno, en diálogo con esta agencia Julio César Hincapie Betancourth, del Movimiento Nacional de Víctimas de Crímenes del Estado (Movice), coincidió con Yepes en que la reacción popular también está referida a "las masacres de líderes populares que se vienen cometiendo en el Gobierno de Duque, y la gente no tolera más esto".

"Creo que estamos en un punto de quiebre como jamás antes había estado Colombia: la excusa que tenían antes es que estaba la guerrilla. Hoy la guerrilla no está, y si bien el Gobierno intenta hacer responsable de las concentraciones a la disidencia de las FARC, todo el mundo sabe que es apenas una cortina de humo", añadió Hincapie, quien destacó que la fuerza de las protestas se siente en los bloqueos de rutas, que originaron un alto desabastecimiento de combustibles y alimentos en varias ciudades.

La reforma impositiva fue el detonante de las protestas
 

Las protestas en varias ciudades


Las manifestaciones y protestas comenzaron en varias ciudades de Colombia el 28 de abril luego de que Duque decidiera enviar al Congreso un proyecto de reforma tributaria que significaba un duro golpe a los bolsillos de las clases media y baja, ya que aumentaba el impuesto que grava los artículos de primera necesidad, especialmente los alimentos.

Conforme aumentaba la intensidad de los reclamos populares, el presidente retiró la polémica reforma, pero ello no impidió que la tensión se mantuviera en alto debido al nivel de violencia que las fuerzas de seguridad del Estado implementaron para reprimir las manifestaciones –muchas acciones pudieron verse en videos caseros que se replicaron por las redes sociales- que dejaron al menos 37 muertos (según afirmó Yepes, la cifra oficial es de 26), entre 379 y 470 desaparecidos y casi 300 heridos (entre ellos 26 que perdieron al menos un ojo).

Aunque la reforma impositiva fue el detonante de las protestas y ya fue retirada por el Gobierno, la continuidad de las protestas demuestra que existe un enorme descontento social que aumentó en la pandemia, que ya causó 76.500 muertes sobre casi tres millones de contagios en el país.

A estas sombrías cifras se suman las de la economía: Colombia sufrió en 2020 una caída de 6,8% de su Producto Bruto Interno (PBI), la mayor desde que existen registros.

Fuente: Telam

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