Un escándalo judicial por presuntos hechos de corrupción por unos 70 millones de pesos en la Municipalidad de Comodoro Rivadavia estalló en las últimas horas, con allanamientos al municipio, empresas y domicilios de al menos diez funcionarios y exfuncionarios locales.
Se trata de una causa por presuntos sobreprecios y defraudación al erario público, que está llevando adelante el fiscal de la Unidad Anticorrupción Héctor Iturrioz, relacionada con las irregularidades detectadas durante la emergencia climática en la ciudad del año 2017.
En abril de ese año un fenómeno climatológico inusual generó lluvias durante más de doce días sobre la provincia del Chubut y Comodoro Rivadavia se vio cubierta por un alud que destruyó gran parte de la ciudad.
"Se investigan contrataciones irregulares en la emergencia climática, con facturaciones sobre trabajos que no se hicieron y se cobraron. Lo grave es que hubo al menos dos altos funcionarios públicos que certificaron eso", dijo Iturrioz en declaraciones radiales.
El fiscal señaló además que ya cuenta con la certeza de que los sospechosos van a ser imputados. Iturrioz inició en mayo de este año una la investigación de manera oficiosa a partir de las declaraciones públicas del Secretario de Planificación Territorial y Coordinación de Obra Pública del Ministerio del Interior, Fernando Álvarez de Celis.
De Celis había denunciado públicamente al viceintendente Juan Pablo Luque por reclamar al Gobierno nacional pagos para la compañía Forever Pipe, una empresa de desobstrucción de cañerías, por trabajos que –asegura Iturrioz- no se hicieron.
"El Gobierno nacional había propuesto al municipio hacer un trabajo para la reconstrucción. Le solicitamos que consigan tres presupuestos. No nos pasaron nada y a los dos meses nos enviaron una factura por 70 millones de pesos por lo que ya había hecho una empresa. Eso no corresponde", dijo Álvarez de Celis, quien declaró en fiscalía como testigo.
Álvarez de Celis dijo que Luque "no cumplió ningún procedimiento administrativo ni legal" al menos en este hecho ligado al peor momento en la historia de Comodoro Rivadavia. "Hice el ingreso formal y todos los abogados de Legal y Técnica del Ministerio se quedaron sorprendidos por la situación. No nos hicimos cargo de eso. Ya habíamos puesto $50 millones y como nadie rindió nada, decidimos sólo bajar a Comodoro a través de obras directas de Nación", señaló.
Al avanzar la investigación, la jueza penal Mariel Suraez ordenó la realización en trece allanamientos en empresas, en la secretaría de Infraestructura de la municipalidad y en domicilios de empleados municipales.
El fiscal explicó que, en una primera instancia, hasta el momento el municipio no pudo justificar por qué le solicitó al Gobierno nacional el envío fondos para pagarle a la empresa Brother Truck por una deuda de 23,6 millones de pesos cuando no había documentación que respaldara que la empresa hizo los trabajos de limpieza.
"Todo lo que yo tengo es tentativa. Se hizo todo como para cometer el perjuicio. De todas maneras, la defraudación a la administración pública es un delito de peligro, esto es: creado el peligro de defraudación, hay que darlo por consumado", explicó el fiscal.
El fiscal dijo que si se suman los camiones que el municipio dijo tener en acción para limpiar la ciudad y se promedian los viajes diarios, con el volumen en metros cúbicos, "la ciudad tendría que haber quedado limpia en quince días y eso no pasó".