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La catástrofe política y social que se conmemora el 29 de abril produjo un antes y un después en la vida de quienes habitamos la ciudad de Santa Fe. Sufrimos las consecuencias de la imprevisión, la desidia y el abandono del Estado. Los barrios del borde oeste y del norte de la ciudad fueron los más afectados por su situación de vulnerabilidad previa y por la ineficacia e inoperancia de las gestiones gubernamentales tanto municipales como provinciales, en clave de prevención, emergencia y contingencia.

En el 2003 toda la ciudad daba por sentado que las obras de defensa, que a manera de anillo circundan la ciudad, habían sido terminadas. Sin embargo no fue así. Ante la angustia, la desolación y la imposibilidad de terminar de creer lo que en esos días vivíamos muchas organizaciones e instituciones nos reunimos para hacer frente a un Estado que antes, durante y después, siguió operando de modo oscuro, corrupto, autoritario y provocador. En los primeros días posteriores al inicio de la inundación formamos parte del Comité de Solidaridad. Ese espacio supo hacer escuchar su voz de denuncia y también demostró capacidad de trabajo y articulación para contener, ayudar, acompañar a quienes vivieron la inundación más directamente.

Apenas sucedido todo, se multiplicaron las supuestas opciones que, como ciudad, teníamos para enfrentar la catástrofe. Escuchamos frases que hablaban tanto de Relocalización y Reconstrucción como otras que llegaron a sostener la Refundación de Santa Fe. En este marco las políticas sociales producidas por el estado municipal, se basaron en un modo de pensar la ciudad y sus habitantes que es, ante todo, falaz: como si la ciudad fuera sólo un damero en el que podemos jugar a cambiar sus partes de lugar y como si sus habitantes, los/as ciudadanos/as, debemos establecernos en un lugar o trasladarnos sin la posibilidad de decidir nada al respecto.

El sector más damnificado por este desastre político y social es el que se encontraba más vulnerable previamente a la inundación. Sin acceso digno a la vivienda, a la infraestructura vial, al transporte. El agua, tapó y paradójicamente, mostró a barrios enteros excluidos. Miles de familias viviendo del trabajo informal y accediendo de forma desigual a los derechos a la educación, salud, a la recreación.

Pasaron 8 años de aquel 29 de abril y la ciudad de a poco fue recuperándose pero las heridas aún siguen abiertas por el dolor que trajo el barro y sobre todo por la impunidad. La tragedia parece no terminar cuando sus responsables caminan libremente por la ciudad y la provincia que ellos mismos desgajaron con políticas que profundizaron la exclusión, la marginalidad y la violencia.

Canoa trabaja en diferentes barrios de la ciudad de Santa Fe desde hace más de 20 años. Consideramos al Hábitat Popular como ese espacio físico y social que toda persona, familia, grupo humano tiene el derecho de poseer y construir para el desarrollo de su vida. El hábitat es un derecho que implica considerar la creación de empleo, la cohesión y la integración social, la construcción de identidad, la salud, la educación, la vivienda, el trabajo, la tierra, los servicios, la seguridad ciudadana, el mejoramiento barrial, el ambiente. Nuestro trabajo cotidiano apunta a acompañar procesos organizativos para el mejoramiento del hábitat. En ese sentido es que proponemos pensar las problemáticas barriales y de la ciudad junto a organizaciones, instituciones, vecinos y vecinas. La defensa de los derechos y la construcción colectiva de propuestas tendientes a transformar nuestras realidades es un ejercicio cotidiano de ciudadanía activa que todos los días ponemos en práctica.

Es por eso que al reclamo de justicia debemos también agregar que esta ciudad sigue negando a gran parte de sus ciudadanos y ciudadanas. Y muchas políticas implementadas apuntan a profundizar las desigualdades materiales y simbólicas. Una democracia plena a la hora de gestionar una ciudad es imprescindible, y debe indefectiblemente, reconocer y valorar las diferentes miradas, opiniones e intereses y saberes promoviendo la participación de todos y todas en la tomas de decisiones.

Ocho años han pasado, se llevaron vidas, se destruyeron casas, se invadieron historias. Pensar los 29 de abril, es un ejercicio de memoria. Recordar ese aciago otoño nos obliga a reclamar justicia, porque sabemos que todo acto impune tiende a repetirse.