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El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, firmó una normativa contra la corrupción que contiene al menos 140 instrumentos para afrontar este flagelo, que tiene en crisis a sectores como los de la salud y las obras públicas.

Santos puso en vigencia el llamado Estatuto Anticorrupción durante un acto público celebrado en un establecimiento educativo del sur de Bogotá y con el anuncio de que su país "se va a estremecer" con un próximo informe de la lucha contra los corruptos.

Será "otro gran resultado de la lucha contra la corrupción", anticipó el gobernante al aludir a una primera ofensiva contra el problema lanzada hace dos meses y que se centró en la salud.

"Ahí caerá mucha gente y el país se estremecerá", notificó Santos, para quien ahora deberá darse preferencia a la lucha anticorrupción en los sectores de las infraestructuras, el agua y las regalías por explotaciones mineras, además del de la salud, que son los que "requieren intervenciones especiales".

El gobernante dijo que esta normativa acabará con las "ferias" o "carruseles" en la contratación de obras públicas, evitará que quien robe cifras millonarias purgue la pena "tranquilamente sentado en el sofá de su casa" y prohibirá que aportantes a campañas de candidatos a cargos administrativos de elección contraten con los elegidos.

Asimismo impedirá que exaltos cargos se vinculen con el sector privado una vez que terminen sus tareas gubernamentales o estatales, práctica que se conoce como "puerta giratoria".

"Los servidores públicos no podrán pasar de trabajar con el Estado a trabajar con empresas o entidades del sector privado con las que tuvieron relación directa o a las que supervisaron con ocasión de su cargo, por lo menos por dos años", dijo Santos.

Además de la crisis por corrupción en el sector de la salud, el país afronta un escándalo por contratación irregular de obras públicas, particularmente en Bogotá, y abre una polémica por la vinculación de varios exministros con el sector privado.

Entre ellos están antiguos titulares de Relaciones Exteriores, de Minas y Energía, y de Comercio, Industria y Turismo en los dos Gobiernos del ahora expresidente Álvaro Uribe (2002-2010), quienes se vincularon con multinacionales de la minería y la cerveza.