Lt 10

 Por primera vez en los 8 años de gestión kirchnerista, la conducción de la CGT y el sector de la CTA que lidera Hugo Yasky concurrirán a la negociación con el Gobierno y los empresarios en el marco del Consejo del Salario con una propuesta consensuada entre las dos centrales para elevar el salario mínimo a $ 2.600, lo que representa un incremento de casi el 42% sobre el actual piso, de $ 1.840. La decisión fue acordada en una conversación telefónica que Moyano y Yasky mantuvieron el miércoles por la noche, en la que también definieron que los equipos técnicos de las dos entidades se reunirán la próxima semana para establecer la agenda conjunta de reclamos que llevarán a las deliberaciones del órgano tripartito.

“Hablé con Moyano y, como el número de la CGT tiene fuertes coincidencias con los nuestros, hemos resuelto ir con un planteo unificado al Consejo del Salario, con el objetivo de fortalecer la posición de los trabajadores en la negociación”, indicó Yasky a El Cronista.

El dirigente del sector de la CTA más cercano al Gobierno anticipó, además, que al pedido de un piso salarial de $ 2.600 sumarán el reclamo para eliminar los topes en las asignaciones familiares y asegurar el cobro universal de esos beneficios, incrementar la asignación universal por hijo y elevar el mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias.
El acuerdo entre Moyano y Yasky para impulsar un pedido unificado en el Consejo del Salario tiene un efecto que va más allá del impacto político del nivel del reclamo y la presión que significa sobre la Casa Rosada. Ocurre que ese consenso permitiría que el voto de los 16 representantes sindicales en el órgano tripartito no se divida, como aconteció en las ediciones anteriores del Consejo, y se equilibre con la posición de las cámaras empresarios, lo que complicaría las negociaciones y obligaría al Ministerio de Trabajo a terciar en la discusión para fijar el nuevo mínimo.

Según trascendió de fuentes gubernamentales, el Consejo del Salario será convocado durante los primeros días de agosto con el claro propósito de que la presidenta Cristina Fernández pueda anunciar el nuevo piso salarial en la semana previa a las elecciones primarias del 14 de agosto. En ese sentido, la postura que el Ejecutivo proyecta impulsar en el marco de las negociaciones contempla la idea de un incremento del orden del 24% lo que elevaría el actual piso salarial de $ 1.840 a $ 2.300, bastante lejos del reclamo compartido por Moyano y Yasky.

También el sector antikirchnerista de la CTA, que responde a Pablo Micheli, parece encolumnarse con el planteo del camionero, ya que el propio titular de ATE anunció ayer que solicitará un piso de $ 2.640 “teniendo en cuenta el costo de la canasta básica familiar metropolitana”.

El nuevo mínimo salarial que entidades empresarias, sindicales y el Gobierno acuerden establecer el próximo mes beneficiará en forma directa a unos 400.000 trabajadores que no están comprendidos en ningún convenio colectivo de trabajo. Además, la suba del piso constituirá una referencia indirecta para el caso de los salarios de los trabajadores no registrados. En cambio, la medida no beneficiará a los trabajadores que se desempeñan en tareas rurales ni al personal del servicio doméstico, cuyos salarios se definen mediante negociaciones por actividad.