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El gobierno provincial terminará de confeccionar hoy el nuevo marco regulatorio de los servicios sanitarios para Santa Fe, que reemplazará a la norma heredada tras la privatización de la Dirección de Obras Sanitarias (Dipos). La intención del Ministerio de Aguas es enviar el proyecto de ley a la Legislatura a comienzos de septiembre. En adelante, los clientes pagarán una tarifa de acuerdo a la zona donde habiten: en Rosario más en el centro y zonas costeras y menos en los barrios, según los radios geográficos utilizados en los cálculos de la tasa general de inmuebles (TGI). Además, abonarán según lo que consuman, para lo cual se propone una masiva incorporación de medidores. También se explicita la imposibilidad de cortar el agua a los clientes residenciales, aunque adeuden facturas, y se establecen mecanismos resarcitorios efectivos ante fallas del sistema.

"Los cambios que se proponen son copernicanos", resumió José Luis Parrino, director de Aguas Santafesinas SA (Assa), quien destacó la importancia de "incorporar el derecho al agua como un derecho humano universal. De allí que se plantea un plazo de 15 años destinado a que los acueductos proyectados para la provincia estén funcionando, para garantizar el acceso a la red de agua potable a todos los santafesinos".

Autoridades de Assa, el Ministerio de Aguas, Fiscalía de Estado, el Ente Regulador (Enress) y la Federación de Cooperativas de Agua Potable tendrán hoy un último encuentro para pulir los detalles del anteproyecto de ley que se viene elaborando desde hace más de un año. De acuerdo al borrador oficial, al que tuvo acceso LaCapital, la tarifa plana hoy vigente desaparecerá cuando la Legislatura sancione el nuevo esquema regulatorio. La aspiración de la Casa Gris es avanzar con la denominada "sectorización" de los usuarios del sistema, y para ello en Rosario se tendrán especialmente en cuenta los cinco radios catastrales que fijó el municipio en 2005, estableciendo diferentes cargos de acuerdo a la capacidad contributiva del vecino y la zona donde habita.

En la actualidad, al momento de elaborar la boleta de los clientes de Assa, sólo se tienen en cuenta las dimensiones de la vivienda y no su ubicación. "No se diferencia por ejemplo a un vecino de la zona noroeste con uno de barrio Martín con similares metros construidos", graficó un funcionario provincial.

"La reforma que se propone va más allá —apuntó Parrino— ya que se divide en tres el componente tarifario. Al igual que con el gas y la electricidad, se promueve incorporar montos por producción, transporte y distribución del agua. Los primeros dos cargos tendrán un fuerte subsidio del Estado santafesino para garantizar la universalización del servicio".

También se apuesta a aplicar una tarifa "progresiva" para que quienes más consumen, más paguen. "Para ello es indispensable avanzar con la micromedición que está proyectada a mediano plazo, pero tiene sus costos y no es de tan sencilla ampliación", planteó el director de Assa, quien estimó en 500 pesos el monto a desembolsar por cada nueva conexión.

En ese sentido, en Rosario sólo el 15 por ciento de las 670 mil cuentas de Assa tiene medidores, mientras que Capitán Bermúdez tiene la totalidad de sus clientes micromedidos. "La diferencia en el consumo es notable, mientras en Rosario el promedio es de 550 litros diarios por habitante, en Bermúdez es de 220", precisó Parrino. El artículo 128 del anteproyecto de ley encomienda al Poder Ejecutivo que en la reglamentación de la norma establezca los plazos de la transición hacia la medición total. Al respecto se menciona que en el corto plazo deben instalarse medidores en comercios e industrias; luego, en el mediano plazo, para todos los usuarios residenciales de viviendas unifamiliares y los nuevos que habiten bajo el régimen de propiedad horizontal; y en la última etapa en departamentos ya existentes, que pagarán un prorrateo proporcional dentro del edificio.

En el mismo artículo se diferencian los usos residencial e industrial. "Hoy por hoy la normativa no distingue a una cochera que consume poca agua de una embotelladora y debe corregirse", fundamentaron desde el Ministerio de Aguas.

La propuesta oficial que llegará a la Legislatura promueve un cambio en la razón social de Aguas Santafesinas: de la actual sociedad anónima a una sociedad del Estado, prestataria de servicios públicos.
  Además, se crea la Autoridad de Control de los Servicios Sanitarios integrada por tres directores titulares y tres suplentes por concurso de antecedentes y oposición. Sus mandatos durarán cuatro años, podrán ser reelectos un sólo período, serán designados por el Ejecutivo provincial y elegidos por un jurado integrado por representantes de la gobernación, los municipios y los partidos políticos con representación parlamentaria. Este organismo absorberá a la planta de trabajadores del Enress y sus funciones.