Una es la que gestiona la Comisión Regularizadora, que dispone en lugar de administrar. Y, por tanto, proyecta el futuro institucional cual autoridad sin plazo para ejercer su mandato. Se trata de un error objetivo: la FIFA puso como plazo máximo el 30 de junio de 2017 para cumplir con sus obligaciones.
Luego está la otra AFA, la de los dirigentes de clubes de todas las categorías que comienzan a inquietarse frente a esta clara intervención del Estado, y demandan por promesas económicas y operativas incumplidas.
La reunión plenaria del Nacional B -la más postergada- a la que fueron invitadas las mesas directivas de las demás categorías, será dura y determinante.