Condenaron este jueves a uno de los policías de la Unidad Regional XI (Las Colonias) que cobraban coimas para facilitar irregularmente la verificación automotor en Esperanza.
El fiscal de la causa, Ezequiel Hernández, brindó detalles al móvil de LT10 sobre la investigación. Según explicó el representante del Ministerio Público de la Acusación, la causa puso al descubierto una red de efectivos policiales que cobraban dinero para la confección irregular del Formulario 12, un requisito obligatorio para la transferencia de vehículos usados y la inscripción de unidades 0 km.
Sobre la mecánica empleada por los uniformados, Hernández detalló: "Lo que hacían estos funcionarios que trabajaron en la planta de verificación es cobrar por realizar la confección de este formulario; en algunos casos viendo el vehículo, en otros sin verlo, e incluso firmando en blanco el formulario para que otra persona sea quien lo llene".
El fiscal puntualizó que por este esquema se encuentran imputados cuatro integrantes de la fuerza de seguridad y una gestora que abonaba el dinero para concretar los trámites. En total, se contabilizaron al menos 1.079 formularios de automotores y 408 de motocicletas suscriptos bajo estas irregularidades.
Al referirse a la gravedad de los hechos, Hernández destacó la función clave que cumple el personal policial en estos procedimientos: "La finalidad de que ese formulario sea completado por funcionarios policiales y no por cualquier persona es que, al ser funcionarios públicos, son fedatarios del contenido. El Registro Nacional de la Propiedad Automotor confía en que hubo un funcionario policial que corroboró que no había adulteración ni del número de motor ni del número de chasis, y que el vehículo no tiene un pedido de secuestro vigente".
Respecto a la responsabilidad del subcomisario que se desempeñaba como jefe de la dependencia, el fiscal explicó que no solo firmaba verificaciones, sino que era el encargado de rendir el balance mensual de la planta. Allí se detectó una inconsistencia de casi cien formularios que no fueron asentados en los registros oficiales, además de dos meses en los que la documentación directamente desapareció. "Se entregaba a la gestora o a la persona interesada un formulario donde decía que el auto había sido verificado, pero luego la policía no registraba en su balance la realización de esa verificación".
Por último, para llevar tranquilidad a quienes hayan realizado trámites en dicha sede policial, el fiscal aclaró que no se detectaron vehículos robados u ocultados tras este accionar: "No se trataba de que se dediquen a encubrir autos que habían sido robados o a defraudar a alguna persona, sino que se enriquecían a costa de su propia función dentro del Estado, cobraban por algo que no tenían por qué cobrar". Asimismo, remarcó que la Fiscalía se encuentra a disposición en caso de que algún propietario identifique inconvenientes posteriores en sus papeles.