La jueza federal María Servini de Cubría ordenó una pericia contable sobre los montos pagados por la firma Iveco a cambio de los auspicios publicitarios en el programa Fútbol para Todos entre 2010 y 2015.
Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la jueza encargó a peritos contadores de la Corte realizar la pericia para lo cual les fijó el plazo de treinta días.
En tanto, Servini de Cubría intenta determinar si a los 159 camiones aportados por Iveco a cambio de los auspicios publicitarios y que fueron recibidos por Jefatura de Gabinete se les dio el destino indicado.
En ese sentido, este miércoles, por orden de la jueza y ante sospechas que no tengan los camiones consigo, Gendarmería debía presentar unas 25 camionetas que recibió del Fútbol para Todos en la puerta de los tribunales, donde se hará una inspección ocular.
Sin embargo, fuentes judiciales informaron a la agencia NA que la Policía Metropolitana, a quien la jueza le encargó la inspección ocular, nunca comunicó de la medida judicial a Gendarmería.
Por ello, personal de Gendarmería se presentó este martes en el juzgado para desconocer la medida por no haber sido notificados oficialmente, lo que motivó que la jueza fije para el miércoles 16 de marzo la inspección ocular sobre los 25 camiones en cuestión.
Según el contrato entre la AFA y Jefatura de Gabinete, en el marco del programa Fútbol para Todos, en seis contratos desde el 2010 al 2015 entregó en total 85 millones de pesos.
De ese dinero, unos 60.200.000 fueron pagados a cambio de los spots publicitarios en unos 159 vehículos, en tanto que unos 24.800.000 se entregó en dinero.
La jueza Servini de Cubría ordenó la pericia contable para saber la "correspondencia y razonabilidad de montos aportados por la empresa Iveco en dinero y/o especie al Estado Nacional".
Las camionetas y camiones fueron recibidos por la Jefatura de Gabinete que los distribuyó entre varios organismos públicos: la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval, Acumar, la radio y TV argentina, y el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo, entre otros.
La causa se inició el 26 de mayo de 2014 tras una denuncia hecha por la legisladora Graciela Ocaña y están imputados los exjefes de Gabinete Aníbal Fernández, Jorge Capitanich y Juan Manuel Abal Medina.