Lt 10

En diálogo con LT10, Ariel D\\'Orazio, integrante de la ONGS Concejalía Popular, expresó que “hay 5000 familias en la provincia que están en riesgo de perder su vivienda única, familiar y de ocupación permanente. Estas familias ya tienen un embargo que pesa sobre la propiedad o tienen iniciado un expediente que las pone al borde del remate”.

Además, Ariel D\\'Orazio recordó que “sobre finales de la década del 90 y principios de los 2000 muchas familias perdieron sus viviendas por deudas con bancos que habían desaparecido y habían vendido el paquete deudor a estudios jurídicos (por deuda con tarjetas de crédito o por deudas con expensas). Estos compromisos fueron de imposible pago”.

“En la provincia, se lograron varias leyes provinciales que suspendieron los remates en Santa Fe. Hasta que en el 2010, se sancionó la ley que estableció la suspensión de las subastas y un recálculo de las deudas (para evitar intereses usurarios)”, sostuvo el integrante de la ONGS Concejalía Popular.

Consultado sobre cómo están distribuidas estas 5000 viviendas en riesgo de remate, en la provincia, Ariel D\\'Orazio precisó que “en Rosario hay un 40% de estas viviendas, un 30% en Santa Fe y el resto, está distribuido fundamentalmente, en el Departamento General López (deudores del ex BID, que vendió su paquete)”.

Finalmente, el integrante de la ONGS Concejalía Popular remarcó que “nosotros queremos que la Legislatura suspenda las subastas por un año, esta gente pueda pagar la deuda y se pueda establecer un convenio de pago razonable. Algunos juzgados interpretaron que la ley sólo amparaba a deudores y hipotecarios”.